RÍO GRANDE.- La Ruta 7, un camino de vital importancia para la conectividad de esta ciudad, se encuentra en el centro de un conflicto que enfrenta a miles de vecinos con la burocracia y cuestiones legales. El legislador Juan Carlos Pino, en entrevista con Radio Provincia de Ushuaia, brindó detalles de una situación que se arrastra desde 2017 y que hoy, con la obra prácticamente finalizada, se ve impedida de abrirse por una controversia jurídica.

Pino explicó que el problema se remonta a una ley de 2017 que buscaba expropiar este camino, que es propiedad privada. Sin embargo, el incumplimiento de esa ley llevó al propietario de la estancia a recurrir a la justicia, trabando los trabajos de cercado y acondicionamiento. Aunque la ruta se abrió temporalmente durante la pandemia, luego volvió a cerrarse.

Frente al reclamo judicial, el legislador señaló que, apenas asumieron, presentaron la Ley 1558, aprobada en octubre del año pasado, que declaró el camino de interés estratégico. Esta normativa instruyó al gobierno provincial a licitar y finalizar las obras de la ruta, incluyendo el cercado y la habilitación del tránsito. La licitación, por un monto de 111 a 112 millones de pesos, se realizó en diciembre y, según Pino, los trabajos están concluidos. "Estuve hace unos días atrás, el cercado está realizado, el arrasante, el lleno, el nivel de la ruta, de acuerdo a las condiciones que exige la parte vial, está terminado", aseguró.

“Peaje”, una traba jurídica

La situación actual es paradójica: solo resta levantar dos tranqueras, una al ingreso de la ciudad y otra en el sector de Margen Sur. Sin embargo, una cuestión jurídica impide su apertura. Según Pino, el problema radica en un convenio firmado en 2023 entre el gobierno anterior y los propietarios de la estancia, que establecía un pago mensual de 4.000 litros de gasoil Infinia por el uso de la ruta. Este convenio, que no fue ratificado por la Legislatura, representa un "peaje" de alrededor de 5 millones de pesos mensuales y es la "traba" que hoy debe resolver la parte jurídica del gobierno provincial.

"Nosotros estamos tan expectantes como los vecinos", afirmó Pino, destacando la preocupación que existe desde hace años. La única comunicación vial que tiene la ciudad de Río Grande es el puente General Mosconi, lo que genera "embotellamientos" y demoras de hasta dos horas para los 30.000 vecinos que viven en Margen Sur. La Ruta 7 ofrecería una segunda vía de comunicación, reduciendo el tiempo de viaje a la ciudad a 15 o 20 minutos, similar a lo que ocurrió en Ushuaia con la apertura de un segundo puente en el barrio Río Pipo.

Además de descongestionar el tránsito, la Ruta 7 permitiría que el transporte pesado, como camiones de combustible y abastecimiento de supermercados, acceda directamente a la ciudad sin necesidad de atravesar el centro, lo que ya se probó exitosamente en enero de este año durante la reparación del puente Mosconi.

El legislador enfatizó que el artículo segundo de la Ley 1558 instruye la habilitación de la ruta al tránsito, y que la obra ya está lista. "La ruta está terminada Sergio, yo lo invito a usted o a cualquiera de los vecinos que la vayan a recorrer, está terminada, no hay ninguna duda, la licitación que se llevó adelante está hecha, todo el trabajo que había que hacer ya está hecho", sentenció.

Pino lamentó que, a pesar de que la obra está prácticamente terminada y solo faltan levantar dos tranqueras, la ruta no pueda ser utilizada. El legislador espera que en el transcurso de la próxima semana haya novedades por parte del área legal y técnica del gobierno provincial para destrabar esta situación que genera gran enojo entre los vecinos.