El intendente de Tolhuin, Daniel Harrington, confirmó que el municipio adjudicó un terreno fiscal a su ex pareja, lo que generó una fuerte repercusión pública y derivó en la derogación del decreto que oficializaba la cesión.

“Sí, es cierto, digamos, es así. De hecho, la publicación del decreto salió en el boletín oficial”, admitió el jefe comunal al ser consultado sobre la entrega de un terreno por un valor superior a los 600 mil pesos, a pagar en cuotas. Harrington explicó en FM Aire Libre, que cualquier ciudadano que cumpla con los requisitos puede acceder a tierras fiscales, aunque reconoció que la situación generó rechazo en la comunidad.

La adjudicación fue anulada mediante el Decreto 418, firmado el 24 de mayo y notificado el mismo día. “Reconozco que el acto moralmente, si se quiere, no estuvo bueno, entonces reví la situación y la dimos de baja justamente por esto, porque soy una persona que siempre buscó ser transparente”, sostuvo el intendente.

Harrington aseguró que no existió ninguna irregularidad en el procedimiento administrativo, aunque reconoció que el régimen actual no cuenta con un sistema de puntajes que ordene la asignación de tierras, lo que puede habilitar interpretaciones polémicas.

“Puedo tomar una decisión que a los ojos de la comunidad está mal vista y por eso también la reví. Me hago absolutamente cargo de estas decisiones equívocas, pero con tranquilidad puedo salir a los medios y decir: ‘Reví esta situación’”, expresó.

En cuanto al nuevo destino del terreno, el intendente informó que fue adjudicado a una empresa distribuidora, sin vínculo con la anterior beneficiaria. “No, no, para nada”, respondió al ser consultado sobre una posible relación entre la firma actual y su ex pareja.

Finalmente, Harrington cuestionó la cobertura inicial del tema en medios locales. “Hasta me molesta el grado de poca investigación por parte del medio que la publicó, porque el mismo acto administrativo tenía otro acto administrativo después”, señaló, y agregó que hubiera esperado una consulta directa para brindar explicaciones.

La situación reabre el debate sobre los mecanismos de adjudicación de tierras fiscales en la ciudad y la necesidad de garantizar mayor transparencia y equidad en el acceso.