Por: Ramón Taborda Strusiat

Río Grande.- Agustín Gordillo, referente de la organización 25 de Mayo de Tierra del Fuego (UTEP), y Emiliano Luís Carrón, militante del Movimiento Evita en Río Grande, expresaron su preocupación por la grave situación que se vive en la provincia de Buenos Aires, donde el gobierno de Javier Milei ha anunciado el cierre del Instituto Nacional Juan Domingo Perón de Estudios, Investigaciones Históricas, Sociales y Políticas.

“Nuestros compañeros, como Juan Grabois, han estado protestando para evitar el cierre de este edificio, lo que representa un ataque más de este gobierno, donde la libertad se ve amenazada. Durante las manifestaciones, se colgaron banderas con las consignas ‘Si no podés elegir, no hay democracia’ y ‘Defendamos nuestra historia’, dijo Agustín Gordillo.

“Es fundamental destacar la alarmante falta de empleo que afecta a todo el país. Lo único que se observa con este gobierno son despidos y una creciente incertidumbre. El cierre de este instituto implica la pérdida de 20 puestos de trabajo, y en nuestra propia provincia, la industria enfrenta un futuro incierto, con 8.000 puestos de trabajo en riesgo para fin de año”, añadió.

“En Tierra del Fuego, vivimos con una mirada hacia la Antártida y la soberanía, pero dos diputados de nuestra provincia parecen no comprender esta realidad. Mientras el mundo defiende su soberanía, en Argentina se hace todo lo contrario. La industria china, por ejemplo, reparte alimentos, mientras que aquí enfrentamos un panorama desalentador”, dijo.

“Repudiamos el ataque constante hacia nuestro sector, la economía popular, por parte del gobierno nacional. Se están eliminando derechos adquiridos, como el salario social complementario, y se ha congelado la adhesión al salario mínimo vital y móvil. Además, se perpetúa la estigmatización del programa anteriormente conocido como ‘Potenciar Trabajo’, hoy mal llamado ‘Volver al Trabajo’, que intenta hacer creer que no trabajamos, cuando somos quienes siempre hemos estado en las peores condiciones laborales, muchas veces sin obtener un beneficio económico a cambio, como en las tareas socio-comunitarias”, dijo en tanto Emiliano Luís Carrón.

Para los jóvenes, el trabajo informal está en aumento, y el programa ‘Volver al Trabajo’ no ha generado oportunidades de empleo en relación de dependencia, “ya que las empresas y fábricas están cerrando en lugar de abrir nuevas. Esta situación se repite en todo el país. Además, se excluye a personas con antecedentes penales del programa, lo que constituye una nueva forma de discriminación social que no contribuye a su inserción ni mejora su calidad de vida. Esta persecución afecta a la clase social más vulnerable y excluida de la sociedad”, señalaron.

Observaron que a nivel mundial, la situación laboral es compleja. Recientemente, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) llevó a cabo un congreso internacional en el que participó una delegación de la UTEP, invitada por la CGT nacional. Uno de los ejes centrales de la discusión fue la falta de trabajo a nivel mundial y la crisis laboral provocada por la implementación de tecnología en el sistema productivo, lo que ha llevado a muchos trabajadores a la economía popular o informal. Estos buscan soluciones a través de la autogestión, creando unidades productivas, grupos pre-cooperativos y cooperativas de trabajo para paliar la falta de ingresos y llevar alimento a sus mesas.

Los reclamos:

Lo que sigue es el reclamo que han hecho público a través de un documento

1. Los 78,000 beneficiarios del programa "Ex Potenciar Trabajo", hoy mal llamado "Volver al Trabajo", no son suficientes. Exigimos un aumento del programa para que al menos sirva para comprar alimentos.

2. La reincorporación de compañeros a lo largo y ancho del país al programa, sin exclusiones por antecedentes penales.

3. La prórroga del programa, ya que a fin de año se cumplen dos años de vigencia y no se sabe qué sucederá.

4. La reactivación del monotributo social, que fue una herramienta fundamental para blanquear nuestro sector, permitiendo aportes jubilatorios, acceso a obra social y facturación, y que actualmente se encuentra suspendido.

La situación económica y social es gravísima. El trabajo informal sigue en aumento, con un incremento en la participación de feriantes y vendedores ambulantes. Basta observar la concurrencia en las calles y ferias para notar la cantidad de personas que buscan empleo, haciendo fila para dejar su currículum. La población económicamente activa que no consigue trabajo sigue creciendo.

La economía popular representa un trabajo real, aunque invisibilizado, y es un trabajo digno. No queremos seguir perdiendo derechos conquistados ni permitir la precarización laboral en ninguna rama de la economía popular. Nos oponemos al cierre de fábricas y empresas en Tierra del Fuego y en ninguna provincia, sin importar el rubro.

Nos solidarizamos con los reclamos de jubilados y personas con discapacidad. También apoyamos la defensa del patrimonio nacional en Buenos Aires y la liberación de nuestros compañeros Grabois y Valentín. Nos unimos a la lucha de los compañeros metalúrgicos que defienden sus puestos de trabajo.

Defendemos la Ley 19.640 en favor de la soberanía y la industria nacional argentina, por nuestra patria, nuestros recursos y la libertad de nuestro pueblo. Decimos no a la base militar estadounidense que quieren instalar en Ushuaia y no al radar inglés en Tolhuin; exigimos su desmantelamiento.

Por todo esto, llevaremos nuestros reclamos nacionales de los trabajadores y trabajadoras de la economía popular. En Río Grande, intentaremos realizar nuestras demandas en la oficina de Nación en 9 de Julio y San Martín. Hacemos un llamado a la unidad más amplia posible del sector y a las adhesiones.

¡Patria sí, soberanía sí, colonia no! ¡Unidad de los trabajadores! ¡Nadie se salva solo!