RÍO GRANDE.– La circulación de mensajes alarmantes entre alumnos de segundo año de una escuela local, con amenazas de tiroteo, lesiones e intentos de suicidio, sacudió a la comunidad educativa fueguina. El hecho, ocurrido días atrás, motivó la intervención de la escuela, pero no así de la Justicia ni de los organismos de protección. El especialista en ciberdelitos Aníbal Lazzaroni fue contundente:

“No es un problema educativo, es una falla estructural. Y el Estado no está”.

Lazzaroni detalló que los mensajes se difundieron por WhatsApp, desde celulares particulares y fuera del horario escolar. “Los padres fueron a reclamar a la escuela porque es el único lugar donde todavía alguien te escucha. Pero esto debió haberse judicializado desde el primer momento”, advirtió en FM Master´s.

A su criterio, la escuela cumplió su función: denunció y activó los protocolos. “El director hizo lo que pudo. Pero esto excede totalmente a una institución educativa. Estamos hablando de chicos de 13 o 14 años, de segundo año. Son niños. Y no hay nadie que se haga cargo de lo que les pasa”.

El especialista cuestionó con dureza al Juzgado de Menores y a los organismos de corresponsabilidad:

“¿Quién entrevistó a las familias? ¿Qué seguimiento se hizo? ¿Cuál fue el protocolo? Nadie hizo nada. La escuela no puede asumir sola esta situación”.

Durante la entrevista, Lazzaroni advirtió que el fenómeno del ciberacoso se multiplica en Tierra del Fuego a través de los llamados “sitios de confesiones”, donde los adolescentes comparten anónimamente información íntima o agresiva sobre compañeros. “Se publica quién se droga, quién está en pareja, quién hizo tal cosa… Y se nombra a la escuela. Esto genera daño real”, alertó.

También pidió restringir el uso de celulares en las aulas y recordó que en 2019 presentó un proyecto de ley que fue desestimado:

“Vamos a contramano del mundo. Mientras en otros países retiran los celulares, acá seguimos justificándolos como herramienta pedagógica. Es una excusa”.

Respecto a la legislación vigente, fue directo: “La Ley Provincial 1271, de erradicación del grooming, la redacté yo. Se aprobó, se destinaron fondos, pero solo imprimieron folletos mal hechos. No hay equipos, no hay implementación, no hay política pública seria”.

Lazzaroni también denunció una preocupante escalada en los casos:

“La semana pasada se dio un intento de suicidio por simpatía entre dos niñas. Nunca vi eso en mi carrera. Y todo el sistema lo minimiza. Eso me enoja. Porque estamos hablando de chicos”.

Consultado sobre el rol de las familias, pidió mayor compromiso:

“No se le puede dar a un niño un teléfono de adulto sin control. Si el Estado no educa, la familia tiene que educar. Y poner límites. La virtualidad también es una adicción. Y está generando daño clínico, cognitivo y emocional”.

Finalmente, reclamó un plan estratégico a largo plazo:

“Necesitamos un programa de 10 años que empiece por la familia, siga con las instituciones y termine en la escuela. Pero no hay planificación. No medimos resultados. No tenemos prevención real. Solo títulos”.

Y cerró con un mensaje claro:

“No le carguemos más a la escuela. Está saturada. Si el resto del sistema no reacciona, estamos condenando a nuestros chicos a seguir sin contención”.