La jueza María Rosa Santana, del Juzgado de Instrucción N°1 de Río Grande, resolvió elevar a juicio oral la causa por el fallecimiento de Jorge Daniel Zapata, el ciclista de 33 años que murió trágicamente el 1 de septiembre de 2019 al ser atropellado por un camión durante una carrera organizada en el marco del aniversario por el Club O’Higgins. Se trata de un hecho ocurrido sin autorizaciones formales, en condiciones climáticas extremas y sin medidas mínimas de seguridad.

Francisco Giménez, abogado de la familia de Zapata, confirmó en diálogo con ((La 97)) Radio Fueguina, que los imputados son Lucy Liliana Toledo, actual presidenta del Club O’Higgins, y Alejandro Barría, integrante de la comisión organizadora del evento, quienes enfrentarán cargos por homicidio culposo, un delito que contempla hasta cinco años de prisión e inhabilitación especial.

“Pasaron seis años para algo que estaba claro desde el primer momento. No hay explicación razonable para tanta demora”, cuestionó el letrado. Según explicó, la Cámara de Apelaciones fue la que reencauzó el expediente tras intentos de archivo por parte de la justicia de primera instancia. “La familia vivió un calvario judicial. Este dolor se vuelve eterno cuando no se puede cerrar una etapa”, lamentó.

Zapata murió a pocos metros de la línea de llegada, cuando un camión con acoplado —que circulaba por la misma ruta que se usaba para la competencia— lo embistió en plena tormenta de viento. “Era un día que ni siquiera estaba apto para caminar por la calle. Había ráfagas de hasta 80 km/h”, detalló Giménez. La falta de permisos también fue clave: Vialidad Nacional no había autorizado la carrera ni fue consultada por los organizadores.

El abogado apuntó a una cadena de responsabilidades: “No solo hubo una organización temeraria, sino que personal de Tránsito de la Municipalidad estaba presente ese día y tampoco detuvo la competencia”. Si bien el camionero fue desvinculado penalmente del caso, la responsabilidad civil alcanza tanto al conductor, como a la empresa y al Municipio.

La causa recién entra ahora a la instancia de juicio oral, pero podría demorar al menos dos años más en concretarse, advirtió Giménez: “El cuello de botella está en la instrucción. Seguimos con un Código Procesal de hace 40 años que no se adapta a las herramientas actuales como videollamadas o expedientes electrónicos”.

“La tragedia se podría haber evitado con un mínimo de prudencia. El juicio no le devolverá la vida a Jorge, pero es un paso para que haya justicia y esto no vuelva a repetirse”, concluyó el abogado de la familia.