

En declaraciones a Fm Del Pueblo, la ministra Adriana Chapperón reveló que el Ministerio de Bienestar Ciudadano y Justicia asiste actualmente a más de 28 mil personas con recursos provinciales, sin respaldo económico del Gobierno nacional. “Nunca hemos recibido ningún subsidio ni alimentos, y lo poco que ofrecieron fue imposible de trasladar por falta de documentación para cruzar fronteras”, denunció.
Chapperón explicó que el Ministerio, junto con municipios y el área de Educación, sostiene una red de contención que incluye comedores comunitarios, escolares y refuerzos alimentarios. “En Río Grande hay 74 comedores, en Ushuaia 46 y en Tolhuin 13. Todos asistidos por la provincia”, precisó.
“La asistencia alimentaria es una prioridad para el gobernador. Lamentablemente, cada vez más familias la necesitan”, afirmó.
También remarcó que en las escuelas, por una decisión pedagógica y de equidad, se alimenta a todos los alumnos por igual para evitar discriminación, lo que eleva considerablemente los costos.
Chapperón fue contundente al señalar la inacción del Gobierno nacional. Pese a haber enviado todos los relevamientos exigidos para acceder al programa Alimentar Comunidad, la provincia no recibió respuestas ni fondos.
“No hemos podido traer ni un paquete de yerba. Nos ofrecieron alimentos que estaban por vencerse, pero ni siquiera contaban con la guía de removido necesaria para cruzar por Chile”, explicó.
El mismo obstáculo se repitió con un cargamento de frazadas: “Nos ofrecieron 1.500 frazadas, pero nunca llegó la documentación. Es como si no comprendieran que para llegar a Tierra del Fuego por tierra hay que pasar por otro país”.
Además, mencionó que programas clave como Acompañar, destinado a mujeres víctimas de violencia, o PAE, para jóvenes en residencias, siguen vigentes pero sin presupuesto: “Nunca llegó un peso. No sabemos si otras provincias los reciben. No hay reuniones del Consejo Federal ni coordinación. Solo tenemos un grupo de WhatsApp entre ministros donde todos compartimos el mismo diagnóstico de crisis”.
La funcionaria detalló que el deterioro social también se evidencia en el crecimiento de la desocupación, especialmente en el sector industrial. “Sabemos que muchas familias aparecen en el sistema como con trabajo, pero sus contratos finalizaron o están suspendidos”, aclaró.
En ese marco, la provincia asiste también a cooperativas y empresas en crisis. Pero la tarea se ve limitada por la baja en la coparticipación nacional y la caída de la recaudación local: “Esto afecta a la provincia y a los municipios, porque la coparticipación también se distribuye a ellos”.
En el plano sanitario, señaló que la situación es crítica. “No están llegando medicamentos y las obras sociales nacionales no responden. Todo recae sobre el Estado provincial, por orden judicial o por urgencias que no admiten demora”.
Uno de los focos más sensibles abordados por Chapperón fue la situación de niños en contextos de vulnerabilidad. Confirmó que actualmente hay 69 familias de acogimiento que contienen a 77 menores, pero reconoció que el sistema es insuficiente.
“Intentamos evitar a toda costa la institucionalización. No queremos que los niños pasen por esa experiencia salvo como último recurso”, remarcó.
Detalló que el proceso de acogimiento tiene un plazo máximo de seis meses, tiempo en el que se busca revincular al menor con su familia de origen o iniciar un proceso de adopción. Para quienes deseen sumarse, aclaró: “No importa si la persona es soltera. Lo que se evalúa es la capacidad emocional, afectiva y económica para cuidar a un niño”.
También explicó que se brinda un monto mensual y acceso a obra social. Además, estos niños fueron incorporados a la tarjeta Bienestar, una herramienta propia del Gobierno fueguino.
“Hacemos todo lo posible. Pero a veces no alcanza. La situación es crítica y cada vez hay más casos. Necesitamos que las infancias importen de verdad. Son el capital del futuro”, expresó.
Finalmente, la ministra destacó la creación del programa Conectando con la Crianza, destinado a capacitar y acompañar a padres para que puedan retomar una relación saludable con sus hijos. “Trabajamos en conjunto con Educación y Salud para evitar la judicialización de casos. Un expediente en la justicia deja una marca difícil de borrar en la infancia”, concluyó.