El objetivo es involucrar a todos los sectores —taxistas, remiseros, plataformas digitales como Uber, sindicatos y organizaciones civiles— y lograr un marco normativo que contemple las necesidades actuales de quienes usan y prestan el servicio.

“Tenemos que encarar una revisión profunda del sistema, siempre pensando en la gente que viaja: cómo se traslada, cuánto puede pagar y qué herramientas digitales prefiere”, señaló Bogado, remarcando que la prioridad estará en la experiencia de los pasajeros.

Actualmente hay iniciativas de todo tipo, tanto proyectos ingresados formalmente como ideas que circularon de forma extraoficial, pero ninguna ha sido discutida a fondo dentro de la Comisión. Por eso, se organizarán encuentros sectoriales durante los próximos meses para analizar cada propuesta y recoger opiniones de primera mano.

Sobre la discusión que genera la operación de Uber y servicios similares, Bogado diferenció: “No se trata de un transporte alternativo, sino de una herramienta de conexión entre pasajeros y conductores. La cuestión de fondo es cómo regular ese vínculo y garantizar que todos los actores compitan en igualdad de condiciones”.

En esa línea, enfatizó que la normativa deberá contemplar las mismas obligaciones para todos. “Hoy taxis y remises cumplen con habilitaciones, revisiones técnicas, seguros y licencias específicas. Si vamos a permitir plataformas, deberán ajustarse a esos mismos estándares”, insistió.

Bogado también vinculó la proliferación de conductores informales con la compleja situación económica: “Hay un índice alto de subocupación en la provincia, lo que empuja a muchas personas a buscar ingresos adicionales manejando. Pero esto no se soluciona saturando el mercado con nuevas licencias, sino generando empleo genuino”.

El concejal sostuvo que el transporte debe pensarse como parte de una política integral que aborde la creación de trabajo y la recuperación del poder adquisitivo, evitando parches que solo agraven el problema.

Entre las alternativas que se evaluarán, mencionó la posible aplicación de permisos por zonas, una opción que ya se implementa en otras ciudades. “Si en ciertos sectores los taxis no llegan y sí lo hacen los Uber, como pasa en Ushuaia, se puede estudiar la habilitación zonal. Lo importante es que la solución se ajuste a la realidad local”, aclaró.

Por último, se refirió a la iniciativa de crear un nuevo municipio en la Margen Sur y fue contundente: “Desde lo legal es inviable. No hay respaldo jurídico y solo sirve para dividir a la comunidad. No tiene sentido debatir algo que no se puede concretar”.