En medio de la fuerte demanda de soluciones habitacionales en Tierra del Fuego, la presidenta del Instituto Provincial de Vivienda y Hábitat (IPV), arquitecta Laura Montes, admitió que las obras para cerrar boquetes en las escaleras de emergencia de los edificios de Chacra 2 y Chacra 4 están paralizadas y que las posibilidades de acceder a una vivienda nueva “hoy por hoy son nulas”.

En diálogo con Radio Fueguina, Montes detalló que el organismo enfrenta “una gran incertidumbre” por la merma de fondos nacionales que financian gran parte de los proyectos. “Desde 2022 nuestros recursos están muy recortados. Dependemos de lo que se recauda por el impuesto a los combustibles y hoy estamos con mínimos recursos”, sostuvo.

Consultada por la demora en obras puntuales, como el cierre de las escaleras que generan filtraciones de frío a los departamentos, Montes aclaró: “No estamos trabajando en este momento. Estamos viendo cómo retomar la obra para tapar y terminar todos los vanos abiertos, pero todo depende de la disponibilidad de fondos”.

La arquitecta informó que actualmente el IPV tiene 84 viviendas en ejecución en Chacra 9, 120 en el barrio CGT y otras 210 en el barrio Río Pipo, en Ushuaia. Sin embargo, aclaró que la finalización y entrega de estas unidades podría extenderse hasta fines de 2026 o principios de 2027. “Algunas podrían entregarse antes, pero todo está sujeto a tareas de infraestructura y a la continuidad de los recursos”, explicó.

Según datos oficiales, la demanda acumulada es significativa: “Tenemos 3.000 familias anotadas y más de 4.000 personas solas en lista de espera”, precisó Montes, quien remarcó que la residencia mínima para inscribirse es de cuatro años. Sobre la modalidad de entrega, indicó que una vez listas las viviendas, se evalúa la demanda y se realizan sorteos.

Ante la consulta sobre el riesgo de que Nación corte definitivamente los recursos, Montes fue contundente: “Si no ingresan los fondos necesarios, primero vamos a terminar las viviendas en ejecución y después recién las infraestructuras complementarias. Hoy, con la política nacional actual, no hay ninguna línea de trabajo para nuevas soluciones habitacionales”.

En relación a la situación de los adjudicatarios que no cumplen con el pago de cuotas, la titular del IPV afirmó que se articulan mecanismos de reducción de cuotas y convenios de ocupación para evitar desalojos forzosos, pero destacó que desde hace dos años las cuotas están indexadas y el organismo se muestra “más exigente” con los pagos. Actualmente, una cuota promedio de vivienda ronda los 350.000 pesos, “muy por debajo de un alquiler”, apuntó.

Finalmente, Montes reconoció que la alta demanda histórica, sumada a la falta de financiamiento, obliga a proyectar a largo plazo. “Hoy las posibilidades de acceder a una vivienda son nulas en Tierra del Fuego. Si eventualmente llega un gobierno que tenga interés en estas políticas sociales, todo se reiniciará. Pero ahora estamos preocupados”, cerró.