

Según una reciente encuesta de la consultora Vox Populi, el 62 % de los fueguinos rechaza la reforma, frente a un 34 % que la aprueba y apenas un 4 % que no tiene una postura definida.
La pregunta que surge es clara y cada vez más urgente:
¿Por qué una amplia mayoría de la población fueguina le dice que no a la reforma constitucional?
La encuesta, realizada entre el 9 y 11 de agosto sobre una muestra de 720 personas en toda la provincia, reveló datos contundentes:
62 % de los encuestados está en desacuerdo con la reforma.
Solo un 34 % la respalda.
Apenas un 4 % no tiene una opinión formada.
Los resultados evidencian una oposición transversal a la iniciativa oficial, con un nivel de indecisión extremadamente bajo, lo que indica que la ciudadanía ya tiene una posición clara y firme sobre el tema.
Una de las principales razones del rechazo parece ser la desconfianza sobre los verdaderos motivos detrás del proyecto. Otro estudio, difundido semanas atrás, indicó que:
Un 71 % de los fueguinos cree que la reforma busca permitir una nueva reelección del gobernador Melella.
El 77,5 % no confía en que la reforma elimine privilegios políticos, como se ha intentado justificar públicamente.
Y el 77,3 % considera que no es una prioridad para la provincia.
En otras palabras, la mayoría percibe la reforma como una movida política personal más que como una necesidad institucional o ciudadana.
Los altos índices de pobreza, la crisis energética, los problemas estructurales en salud, educación y transporte, así como la incertidumbre económica, parecen estar mucho más presentes en las preocupaciones de los fueguinos que una discusión jurídica de este tipo.
Diversas voces críticas han apuntado que el intento de avanzar con la reforma “desentona con la realidad” y que se percibe como un intento desesperado de perpetuarse en el poder, en lugar de resolver problemas concretos.
Melella enfrenta una paradoja política delicada: si insiste con una reforma que la mayoría no quiere, corre el riesgo de debilitar su capital político, perder apoyo social y tensionar aún más su relación con sectores que lo han acompañado en etapas anteriores.
Además, la reforma ya fue objeto de judicialización y enfrentó múltiples recursos que cuestionan su legalidad y oportunidad.
La encuesta de Vox Populi y otros sondeos coinciden en un punto clave: la reforma constitucional no figura entre las prioridades de la gente. En cambio, se percibe como un proyecto con motivaciones personalistas, impulsado en un contexto donde la confianza en la dirigencia política está en caída.
¿Es legítimo reformar una Constitución provincial cuando 6 de cada 10 ciudadanos lo rechazan abiertamente? ¿Puede avanzar un proceso institucional de esta magnitud sin consenso social?
La respuesta a estas preguntas marcará el futuro político de la provincia y el legado de quienes hoy tienen la responsabilidad de gobernarla.