

El Ejecutivo publicó este lunes en el Boletín Oficial el Decreto 452/2025, mediante el cual fusiona el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) y el Ente Nacional Regulador del Gas (ENARGAS), para dar paso a un nuevo organismo bautizado como Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad.
Desde el oficialismo aseguran que la medida busca “simplificar estructuras y optimizar recursos”, pero analistas, trabajadores y sectores vinculados a la industria energética advierten que se trata de una peligrosa concentración de poder y un nuevo paso hacia la desregulación total del mercado.
Se eliminan dos entes históricos que fiscalizaban de forma independiente las industrias eléctrica y gasífera.
Se crea un único superente regulador, con sede en la Ciudad de Buenos Aires, bajo la órbita de la Secretaría de Energía del Ministerio de Economía.
El nuevo directorio será designado directamente por el Poder Ejecutivo, con mandatos renovables de cinco años y dedicación exclusiva.
Los empleados de ENRE y ENARGAS serán trasladados a la nueva estructura “manteniendo su situación de revista hasta su reubicación”, lo que genera incertidumbre laboral.
Los recursos del nuevo ente provendrán de las tasas de inspección, subsidios, donaciones y otros ingresos, según establece el decreto.
Aunque el Gobierno insiste en que el nuevo ente “gozará de autarquía e independencia presupuestaria”, la forma en que se designará a sus autoridades, el control directo del Ministerio de Economía y la falta de debate legislativo generan preocupación en distintos sectores.
Además, el artículo que establece que los miembros del directorio no podrán tener vínculos con empresas energéticas busca evitar conflictos de interés, pero no garantiza un proceso transparente ni participación ciudadana o parlamentaria real en la toma de decisiones.
Uno de los puntos más sensibles es la situación del personal técnico y profesional del ENRE y ENARGAS, que será absorbido por el nuevo organismo. Aunque se garantiza el mantenimiento de sus condiciones laborales hasta la reubicación, no se establece qué pasará con las áreas redundantes ni si habrá despidos encubiertos.
Fuentes sindicales ya manifestaron su preocupación por la falta de diálogo previo, el “vaciamiento institucional” y la pérdida de capacidades técnicas acumuladas en décadas.
Este movimiento forma parte del esquema de reformas estructurales que impulsa el Gobierno con foco en la reducción del gasto público, que ya provocó el cierre o desmantelamiento de organismos como el INADI, el INASE o el Instituto Nacional del Teatro. Ahora, la mirada está puesta en las áreas estratégicas de energía, en un contexto de tarifazos y fuerte suba del costo de vida.
El Gobierno disuelve ENRE y ENARGAS y los reemplaza por un superente energético centralizado.
Se elimina el control descentralizado, se concentran funciones y se reduce la autonomía técnica.
Trabajadores quedan en una situación de incertidumbre y se teme por despidos y pérdida de capacidad estatal.
La medida suma críticas por su implementación unilateral y por debilitar los mecanismos de control en sectores estratégicos.