El Gobierno nacional oficializó este martes un nuevo y masivo recorte en la estructura del Estado, al publicar en el Boletín Oficial N.º 35.702 la disolución, transformación o fusión de 21 organismos públicos, como parte de su plan de ajuste y achicamiento del sector público.

Según los considerandos del decreto, las funciones esenciales serán absorbidas por los ministerios correspondientes, y el personal conservará sus cargos "hasta que se definan las nuevas estructuras", lo que genera fuerte preocupación en las áreas afectadas por el futuro de sus trabajadores.

¿Qué organismos se disuelven?

Entre los entes eliminados o transformados figuran:

• Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV)

• Dirección Nacional de Vialidad

• Comisión Nacional de Tránsito y Seguridad Vial

• Instituto Nacional de la Agricultura Familiar, Campesina e Indígena (INAFCI)

• Delegaciones Sanitarias Federales del Ministerio de Salud

• Instituto Nacional de Semillas (INASE)

• Fondo Fiduciario Federal de Infraestructura Regional

• Fideicomiso FONDEP

• ARICCAME (Cannabis medicinal y cáñamo industrial)

• Instituto Nacional de Medicina Tropical

• Comisión Nacional de Semillas, entre otros.

Muchos de estos entes habían sido creados para garantizar políticas públicas específicas o avanzar en regulaciones clave para sectores productivos, sanitarios y de seguridad vial. Su eliminación genera interrogantes sobre cómo se garantizarán esas funciones en adelante.

¿Qué pasa con los entes transformados?

Otros organismos fueron degradados a simples unidades dependientes de ministerios, como el:

• Instituto Nacional del Cáncer

• Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI)

• Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV)

En tanto, la CNRT pasará a llamarse Agencia de Control de Concesiones y Servicios Públicos de Transporte, mientras que la Junta de Seguridad en el Transporte se reconvierte en Agencia de Investigación de Accidentes de Aviación, limitando sus funciones solo al ámbito aeronáutico.

También se creó la Administración Nacional de Establecimientos de Salud (ANES), que centralizará la gestión de hospitales nacionales como el Posadas, el Sommer, el Carrillo y el Bonaparte, entre otros.

El relato oficial: superposición, déficit y ventas

El Gobierno justificó la decisión aludiendo a un diagnóstico según el cual los organismos descentralizados pasaron de tener 35.000 trabajadores en 2010 a más de 88.000 en 2024, y donde se detectaron "irregularidades, falta de control interno y duplicidad de funciones".

Como parte del plan, los bienes y vehículos sin uso serán entregados a la Agencia de Bienes del Estado (AABE) para su reasignación o venta, y los fondos disponibles en cuentas pasarán directamente al Tesoro Nacional.

 Alarma por vaciamiento y pérdida de capacidades estatales

Desde distintos sectores advierten que el verdadero objetivo es vaciar políticas públicas estratégicas, en áreas como salud, investigación, agroindustria y control del transporte. La medida no contempla mecanismos de participación, evaluación técnica ni consulta con los trabajadores afectados.

Además, el traspaso de funciones a ministerios sobredemandados y subfinanciados podría derivar en la parálisis de programas clave, pérdida de especialización y una peligrosa caída en la calidad del servicio público.

En resumen

• El Gobierno disolvió o transformó 21 organismos estatales clave para reducir “estructura y gasto público”.

• Las funciones serán absorbidas por ministerios, pero no se garantiza su continuidad ni eficacia.

• Los trabajadores quedan en incertidumbre hasta que se definan nuevas estructuras.

• Los bienes serán liquidados o transferidos al Tesoro.

• La decisión reaviva el debate sobre el rol del Estado y los límites del ajuste en sectores esenciales.