La crisis en el Poder Judicial de Tierra del Fuego sumó un nuevo capítulo con las declaraciones del abogado penalista Jorge Pintos, quien aseguró que la causa contra el juez Andrés Leonelli “desnudó una caja de Pandora” de vínculos personales y comerciales entre magistrados, posibles maniobras de encubrimiento y silencios que “dejan una mancha que salpica a todo el sistema”.

En diálogo con Radio Provincia, Pintos remarcó que el caso “es gravísimo” y reclamó la intervención del Colegio de Abogados de Ushuaia y del Consejo de la Magistratura para investigar a fondo todos los elementos que siguen saliendo a la luz.

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La sociedad de jueces que agrava la causa

Uno de los puntos más delicados señalados por Pintos es la existencia de un fideicomiso inmobiliario que tendría como socios al propio Leonelli y al camarista Alejandro Fernández, quien votó en la Cámara de Apelaciones a favor de frenar la apertura del celular clave del imputado.

“Fernández debió haberse apartado apenas se recibió la causa en la Cámara. Es insostenible que un juez resuelva sobre su socio comercial. Es motivo de jury”, sostuvo.

Y agregó: “La ley es clara: ningún juez puede tener actividades comerciales, salvo la docencia. Sin embargo, acá vemos cómo se asocian para construir un edificio de siete pisos en pleno centro de Ushuaia. ¿De dónde salió esa plata? ¿Cuántos millones hay detrás? Todo esto vulnera la ley y la confianza de la sociedad”.

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El defensor bajo la lupa

Pintos también alertó sobre la posible irregularidad en la intervención del abogado defensor de Leonelli, Gustavo Ariznavarreta, quien ejercería la defensa pese a haber sido jefe de defensores del Superior Tribunal hasta su jubilación. “La Ley 607 prohíbe que un exfuncionario judicial actúe en causas del mismo fuero durante cuatro años. Si no se cumplió ese plazo, no puede estar defendiendo a Leonelli. El Colegio de Abogados tiene que intervenir”, advirtió.

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Fotos, pericias frenadas y alertas ignoradas

El penalista cuestionó además la versión de que las imágenes encontradas serían de una vieja causa de 2016, cuando la tenencia de pornografía infantil no era delito. “La ley cambió en 2018. Y la alerta que disparó todo esto es de abril de 2025. Es decir, desde 2018 hasta 2025 el juez tuvo material ilegal en su poder. Está claro: ‘El que a sabiendas tuviera imágenes de este tipo, incurre en delito’. No hay interpretación posible”, remarcó.

Sobre la pericia frustrada del celular, apuntó que no existe vulneración de la intimidad si se realiza un peritaje digital forense: “Se hace una copia espejo, bit a bit, y el aparato filtra solo lo que se ordena buscar. Nadie ve otra cosa. El argumento de la privacidad es falaz. Acá hay algo que no quieren que se sepa”.

También recordó la información de que Google habría detectado movimientos sospechosos desde una IP del Poder Judicial y habría alertado al Superior Tribunal. “Si Passman, secretario de la superintendencia, recibió esa alerta y no hizo nada, amerita un sumario. Hablamos de imágenes de menores. Es gravísimo”, sostuvo.

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Reuniones reservadas y la sombra del encubrimiento

Pintos no eludió el impacto de la reunión reservada que habrían mantenido la presidenta del Superior Tribunal, María del Carmen Battaini, y dos camaristas que frenaron la pericia. “Todo se maneja como una familia judicial. El doctor Fernández es pareja de la mano derecha de Battaini. Es muy difícil no pensar que se opera para minimizar el daño”, deslizó.

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“Que actúe el Consejo de la Magistratura”

El penalista insistió en que las instituciones de control deben moverse. “El Consejo de la Magistratura tiene la facultad de abrir una investigación de oficio, sin esperar que le llegue un pedido. No hay que encubrir. Este caso dejó a la vista conexiones, negocios y conflictos de intereses que la sociedad tiene derecho a conocer. Y si hay lavado de activos, deberá intervenir la Justicia Federal”, afirmó.

Para Pintos, la gravedad institucional es incuestionable: “Cada funcionario judicial debe ser transparente en su vida privada y en su trabajo. La Justicia es el último recurso que tiene la sociedad para proteger sus derechos. Si detrás de eso hay camaristas que son socios en negocios inmobiliarios y que se encubren entre ellos, el descrédito es total”.

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Un mensaje a la ciudadanía

Finalmente, Pintos envió un mensaje a la comunidad fueguina: “Esto debe investigarse hasta las últimas consecuencias. No importa quién caiga. La Argentina tiene compromisos internacionales en la lucha contra la corrupción. No podemos permitir que la confianza en el Poder Judicial se pudra por culpa de unos pocos que se creen impunes”.