Vale recordar que la consulta previa, libre e informada es un derecho fundamental de los pueblos indígenas, que les permite participar en decisiones que puedan afectar sus derechos colectivos, especialmente cuando se trata de medidas legislativas o administrativas que les conciernen directamente. Este proceso busca establecer un diálogo entre el Estado y los pueblos indígenas, con el objetivo de lograr acuerdos que respeten la preexistencia de estos pueblos y sus derechos.

Ante la discusión instalada en la Legislatura Provincial, frente a los proyectos del bloque de La Libertad Avanza y del Gobierno fueguino, que proponen reformar la Ley 1355 para habilitar la industria salmonera que fue prohibida por la mencionada norma, al menos en el Canal de Beagle, ríos y lagos de la provincia, las comunidades shelk´nam y yagan presentaron un pedido en la Cámara, para se accione dicho mecanismo. Sin embargo, rápidamente el Ejecutivo desecho tal solicitud, con el argumento de que dicha consulta solo debe hacer en los territorios que ocupan las comunidades en la actualidad.  

Antonela Guevara, vicepresidenta de la Comunidad Aborigen Rafaela Ishton, al ser consultada sobre dicha determinación del gobierno, remarcó que “el Ejecutivo Provincial emitió una nota en tiempo récord, desconociendo de esta forma la consulta previa, libre e informada a las comunidades con relación a la modificación de la ley 1.355”.

“Esto, significa que no tenemos derecho a hacer consultados, al menos hoy, quizás más adelante sí, pero en este momento no. ¿Y por qué? Porque limitan el derecho a la consulta a los límites territoriales de la propiedad comunitaria, desconociendo de esta manera nuestra preexistencia, la preexistencia de los pueblos originarios y nuestros territorios ancestrales”, afirmó la representante de la comunidad shelk´nam.

En similar sentido, desde la Comunidad Costera Tierra del Fuego Antártida e Islas del Atlántico Sur, repasaron que “Desde 2018 la comunidad de Tierra del Fuego está unida en la lucha contra las Salmoneras. En el año 2021 conseguimos nuestro primer acto formal de soberanía alimentaria con la sanción de la Ley 1355 que prohíbe la salmonicultura en mares, lados y ríos de la provincia, y regula su producción en tierra”.

Luego indicaron que “Hoy estamos defendiendo esa ley. Entre las múltiples acciones se solicitó a la Legislatura provincial que realice la consulta previa, libre e informada a los pueblos originarios, pero el Ejecutivo rechazó este pedido desconociendo los derechos de los pueblos Selk'nam y Yagan que habitan y habitaron este territorio”, se quejaron desde la organización ambientalista.

Vale mencionar, finalmente, que en similar sentido se pronunciaron desde las Cátedras Libres de Pueblos Originarios y Soberanía Alimentaria, que funcionan en el ámbito de la UNTDF, como así también desde la Multisectorial de Derechos Humanos de Río Grande.