

El fiscal subrogante Antonio Petkos presentó una recusación formal con nombre y apellido. Lo acusó a Löffler de prejuzgamiento y enemistad manifiesta con el gobierno provincial. Detrás del texto legal hay algo más que una disputa jurídica: hay una batalla política y judicial que gira en torno a una sola palabra que incomoda a todos: reforma.
Todo comenzó con una propuesta: reformar parcialmente la Constitución de Tierra del Fuego. La impulsó el gobernador Gustavo Melella. Algunos la vieron como un intento institucional de modernización. Otros, como un plan para habilitar su re-reelección.
El debate nunca llegó a la gente. No hubo foros, no hubo discusión ciudadana. Pero sí hubo denuncias. Una de ellas llegó al Superior Tribunal. Allí, el expediente cayó en manos del juez Löffler.
Pasaron los meses. Otoño, invierno, primavera. Y nada. La causa nunca se movió. Nunca se resolvió. Nunca se explicó por qué.
Hasta que, finalmente, alguien habló.
En noviembre de 2023, en una entrevista radial, el propio juez dijo una frase que ahora retumba con fuerza:
“No hay que tocar los textos constitucionales, menos en períodos de crisis”.
La frase, que entonces pasó casi desapercibida, hoy se convirtió en el corazón de la recusación. Según el fiscal y el secretario Legal y Técnico de la Provincia, Emiliano Fossatto, esas declaraciones prueban que Löffler ya tenía una opinión formada sobre la reforma. Que no podía garantizar imparcialidad. Que no podía juzgar aquello que ya había condenado públicamente.
No era la primera vez que lo decía. En la presentación de su libro “Constitución Fueguina comentada”, Löffler había dejado clara su posición: las constituciones, dijo, no se tocan. Se respetan. Se cumplen.
Para el Gobierno, la actitud del juez no es casual. Ven en su demora una estrategia: dejar que la discusión se enfríe, que la reforma se desgaste sola, sin que la Justicia diga una palabra. Porque una sentencia, a favor o en contra, implicaría tomar posición. Y eso, en este caso, tiene costo político.
Pero ahora, con la recusación sobre la mesa, el juez deberá responder. Y el Superior Tribunal, también.
Mientras tanto, la reforma sigue atrapada. No avanza. No retrocede. Solo se convierte, cada día, en una pieza más del rompecabezas político que atraviesa Tierra del Fuego.
Una encuesta reciente de Vox Populi reveló que el 62 % de los fueguinos está en contra de modificar la Constitución. Más aún: el 71 % cree que la reforma es solo una excusa para la reelección. La sociedad ya decidió, aunque la política insista y la Justicia no hable.
La recusación a Löffler marca un punto de quiebre. Ahora, el juez tendrá que decidir si se aparta o si sigue adelante. Si asume el costo de sus palabras o si da un paso al costado.
Pero lo cierto es que, mientras tanto, la reforma duerme. Como el expediente. Como el debate que nunca fue. Como una promesa que se volvió sospecha.
En Tierra del Fuego, una vez más, el poder está en pausa. Y el futuro, en suspenso.