El expediente, que pone bajo la lupa la firma del decreto 823/21, apunta a la concentración del negocio de los seguros estatales en Nación Seguros, eliminando el sistema de coaseguro. Para la Justicia, esa maniobra favoreció de manera directa a un grupo reducido de intermediarios.

Junto a Fernández, también fueron procesados el empresario Héctor Martínez Sosa —señalado como uno de los principales beneficiados— y su pareja, María Cantero, quien se desempeñó como secretaria privada del ex mandatario en la Casa Rosada. Para el magistrado, la relación entre los tres superó ampliamente el ámbito profesional y derivó en una trama de vínculos personales y económicos que generaron “confusión de intereses”.

El fallo, de más de 400 páginas, detalla que la cercanía entre Fernández, Martínez Sosa y Cantero se reflejó en intercambios frecuentes de mensajes, encuentros reservados y transferencias de dinero. Según la investigación, el empresario y su entorno llegaron a concentrar casi el 60% de las comisiones derivadas de pólizas estatales entre 2019 y 2023, superando los 2.290 millones de pesos.

Los contratos adjudicados a la firma de Martínez Sosa involucraron a 19 organismos públicos, entre ellos ministerios, Vialidad Nacional, Casa de la Moneda, Corredores Viales y hasta la Corte Suprema. La cifra total percibida por su empresa se incrementó en 2024, alcanzando más de 416 millones de pesos en comisiones adicionales.

La causa también involucra a ex autoridades de Nación Seguros. El ex presidente de la firma, Alberto Pagliano, junto a varios miembros de su directorio, fueron procesados sin prisión preventiva. Entre ellos figuran Gustavo García Argibay, Sebastián Díaz Bancalari, Fernando Arana, Carlos Soria y Mauro Tanos. Además, aparecen señalados Santiago Fraschina y Federico D’Angelo Campos, ambos vinculados al manejo del Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la ANSES, organismo clave en la operatoria.

Mientras tanto, algunos empresarios vinculados a la intermediación quedaron desvinculados parcialmente de la causa, tras dictarse la falta de mérito.

Casanello asumió el expediente a comienzos de febrero tras la salida del juez Julián Ercolini y profundizó la investigación con nuevas pruebas y peritajes. Entre los elementos clave se encuentra un extenso informe de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC), que reveló facturaciones de Fernández a la empresa de Martínez Sosa por asesorías políticas y económicas entre 2010 y 2019, incluso días antes de asumir la presidencia.

El ex mandatario sostiene que esos pagos se debieron a trabajos de consultoría previos a su mandato. Sin embargo, para el juez, la conexión posterior y la concentración de negocios plantean indicios de maniobras incompatibles con la función pública.