La causa que investiga un millonario circuito de negocios con seguros durante el gobierno de Alberto Fernández, y que ya provocó el procesamiento del exmandatario, también alcanzó a Tierra del Fuego. La lupa judicial está puesta sobre el gobernador Gustavo Melella y el intendente de Ushuaia, Walter Vuoto, por su presunta participación en un esquema de tráfico de influencias para beneficiar a la firma Héctor Martínez Sosa S.A., la misma empresa que habría recibido contratos direccionados a nivel nacional.

Según consta en el expediente, Tierra del Fuego replicó localmente el mecanismo denunciado en Nación: en julio de 2020, mediante el Decreto Provincial 1000/20, el gobierno de Melella rescindió un contrato histórico con el Banco de Tierra del Fuego para la administración de seguros públicos, y habilitó la participación exclusiva de Martínez Sosa, broker vinculado personalmente al entonces presidente.

A través de este decreto, la empresa fue designada como asesor único en materia de seguros para todo el sector público fueguino, incluyendo organismos centrales, descentralizados y entes autárquicos. Los honorarios de la firma eran abonados directamente por las aseguradoras, pero sin intermediación estatal ni licitaciones públicas.

La Justicia investiga si esa decisión fue parte de una maniobra coordinada con Nación para favorecer negocios privados mediante el uso de estructuras públicas. La empresa, cuyo titular está casado con la exsecretaria de Fernández, también figura en contrataciones directas posteriores realizadas por el gobierno provincial, algunas de ellas vigentes en 2024 y 2025.

Además, fuentes judiciales citadas en medios nacionales sostienen que existen mensajes, correos electrónicos y registros de llamadas que ubican tanto a Melella como a Vuoto en comunicaciones con actores vinculados al entramado. En el caso del intendente capitalino, los investigadores analizan si hubo gestiones similares a las de Provincia en los contratos de seguros municipales.

Mientras la causa avanza con el procesamiento de Fernández y su entorno más cercano, se espera que la fiscalía solicite nuevas declaraciones y peritajes que podrían comprometer aún más a funcionarios fueguinos. El expediente, que ya reveló un circuito de comisiones millonarias, podría develar un esquema de negocios paralelos en varias provincias, y Tierra del Fuego aparece como una de las más comprometidas.