BUENOS AIRES.- El Gobierno nacional sufrió un nuevo revés judicial en su plan de reestructuración del Estado. Este jueves, el Juzgado en lo Contencioso Administrativo Nº2 de San Martín aceptó una medida cautelar interpuesta por el Sindicato de Empleados de Vialidad Nacional (Sevina), frenando así la disolución del organismo. Esta resolución significa que la administración de Javier Milei no podrá avanzar sobre Vialidad Nacional hasta que un juez se pronuncie sobre la constitucionalidad del decreto emitido por el presidente y su ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, publicado hace dos semanas en el Boletín Oficial.

La aceptación del amparo fue confirmada por Emiliana Mcnamara, secretaria general de Sevina, quien precisó que a partir de ahora rige una medida de "no innovar", lo que implica que "por ahora no podrían avanzar contra la disolución de Vialidad".

McNamara explicó que "Vialidad tiene una creación a partir de un decreto ley, que indica que no se podría disolver porque es un ente autárquico que funciona de manera autónoma". Por este motivo, agregó la dirigente, la Ley Bases, legislación sobre la cual el Gobierno apoyó su decisión de cerrar el organismo, no tiene efecto sobre Vialidad Nacional. "Esto es inconstitucional", sentenció.

De esta forma, el organismo encargado de planificar y ejecutar obras viales debería continuar existiendo como tal, al menos hasta que un juzgado resuelva la cuestión de fondo, es decir, la legalidad del cierre orquestado por Sturzenegger. Mcnamara subrayó además que el objetivo principal es "mantener Vialidad Nacional, porque es el ente que se tiene que encargar de cuidar las rutas nacionales".

La presentación de Sevina no fue la única acción legal recibida por la Justicia en contra del cierre de Vialidad. El Sindicato de Trabajadores Viales y Afines de la República Argentina (STVyARA) también había presentado una acción de amparo contra la disolución de ese organismo, así como de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) y la Comisión Nacional de Tránsito y Seguridad Vial, lo que indica un frente judicial amplio contra las medidas de desregulación.