Por: Ramón Taborda Strusiat

Ushuaia.- “En la 3° Sesión Ordinaria del año de la Legislatura de Tierra del Fuego dimos un paso fundamental al aprobar, por unanimidad el proyecto de ley, Asunto N° 258/25 que garantiza el financiamiento de la OSEF, obra social de los empleados del Estado”, destacó la Legisladora Myriam Martínez, presidente de la Comisión 5 del parlamento provincial.

Observó que “la situación crítica que atraviesa nuestra obra social exigió una respuesta urgente, concreta y responsable. Por eso, junto a legisladores y legisladoras de distintos bloques, construimos un consenso que hoy se traduce en esta ley que es una herramienta real para fortalecer las prestaciones médico-asistenciales de miles de fueguinos y fueguinas”.

En ese sentido valoró que “esta es una muestra de que, cuando hay voluntad política y compromiso  se pueden lograr soluciones. Seguimos trabajando por una obra social que esté a la altura de las necesidades de sus afiliados”.

La ley de financiamiento de la OSEF volvería a discutirse con el presupuesto 2026

La legisladora de FORJA Myriam Martínez adelantó que la herramienta aprobada por la Legislatura volvería a discutirse con el presupuesto 2026, porque quedaron reformas por realizar, como el aumento de aportes de los afiliados. Dio detalles de los puntos principales de la nueva norma, que resulta un paliativo al no haberse profundizado en una reforma más estructural. Hay recursos para poder reducir la deuda y garantizar las prestaciones, pero también condicionamientos a la gestión, que deberá rendir cuentas y reducir la planta política. También habló de los desafíos del justicialismo para volver a recuperar al electorado. Además, recordó que “el gobierno de Fabiana Ríos fue el peor gobierno de toda la historia en las dos gestiones, y fue un gobierno antiperonista que persiguió a los compañeros. Me merece cero respeto esta mujer y ni siquiera amerita que la escuche. La caja de jubilaciones y la obra social eran un caos. Nadie se hacía cargo de nada, la reventaron, la fundieron, y la obra social empezó a entrar en decadencia”, dijo.

En principio hizo un repaso de los factores que llevaron a la crisis de la obra social y también de la caja, y marcó como bisagra a la gestión Ríos. “El gobierno de Fabiana Ríos fue el peor gobierno de toda la historia en las dos gestiones, y fue un gobierno antiperonista que persiguió a los compañeros. Me merece cero respeto esta mujer y ni siquiera amerita que la escuche. La caja de jubilaciones y la obra social eran un caos. Nadie se hacía cargo de nada, la reventaron, la fundieron, y la obra social empezó a entrar en decadencia”, dijo al programa ‘Buscando el Equilibrio’ por Radio Provincia.

“Yo siempre defendí la institucionalidad para que no le hagan un juicio político y la destituyan, y ni gracias me dijo, pero quedó en mi conciencia. La gestión de su Ministra de Salud fue nefasta y no tiene autoridad moral ni ética para hablar, porque tuvo la oportunidad de sacar adelante la provincia y nunca hizo nada”, cuestionó.

Yendo al tratamiento del proyecto de OSEF se refirió a las “críticas permanentes porque el gobernador no firmó el proyecto que se envió a la Legislatura. No lo firmó porque nosotros se lo aconsejamos. Debían firmar el proyecto quienes lo habían trabajado, que era el directorio de la OSEF. Eso nos permitía trabajarlo de una manera más libre, porque una cosa es un proyecto firmado por el gobernador y otra cosa es un proyecto presentado por un bloque o por una institución”, explicó.

“Invitamos a todos al debate y también tuvimos una crítica permanente, porque estábamos dilatando las definiciones. Entre los invitados participó el Tribunal de Cuentas, que entregó un informe donde nos daba las especificaciones técnicas y de gestión. Había que tener el aval de un documento para generar las modificaciones”, manifestó.

“Después de que pasaron todos por las comisiones, sabíamos todos en qué situación se encontraba la OSEF y que el problema era económico-financiero. Tenía un déficit de 70 mil millones, una deuda de 19 mil millones y un déficit primario, sin contar las deudas a proveedores, de 4 mil millones por mes. Le dimos continuidad al aporte de 1.500 millones del fondo de la caja, porque seguimos con el mismo porcentaje del 75% de la recaudación de ese fondo, que es una asistencia financiera”, citó como primer punto de la norma.

“Parte de las utilidades del Banco Tierra del Fuego están yendo, por la ley de emergencia, a la caja de jubilaciones, para generar este fondo de sustentabilidad. Con las cuotas que se tienen que pagar por la deuda de 208 millones de dólares estamos al día y esas cuotas nunca se dejaron de pagar”, apuntó.

“Al proyecto original que se había presentado y el informe del Tribunal de Cuentas, le hicimos muchas modificaciones. Tomamos varias recomendaciones del Tribunal y generamos un plan de pago de deudas para regularizar las prestaciones de la obra social. En la reunión de comisión estuvimos cuatro legisladores nada más, los tres oficialistas y la legisladora Gisela Dos Santos. Ese proyecto se le envió a cada legislador para que tuvieran conocimiento. Yo tenía que seguir trabajando para llevarle un resultado al gobernador, que era el texto de la ley, y ver de qué manera conseguíamos los consensos necesarios para que se apruebe”, relató de la semana previa a la sesión.

“Hubo apertura de ese proyecto, porque se incorporaron aportes del Partido Justicialista, de la legisladora Gisela Dos Santos, de los legisladores libertarios, que nos acompañaron en muchos de los temas. El legislador Lapadula también hizo aportes y nos acompañó, y finalmente nos acompañaron todos, porque salió por unanimidad”, destacó.

La resistencia estatal

En cuanto al aumento de aportes, detalló la propuesta del oficialismo, que no prosperó, pero volvería a ponerse sobre la mesa con la discusión del presupuesto 2026. “Cuando nosotros presentamos l proyecto, estaba previsto un incremento de aportes personales, pero muchos decían que no se podía tocar el bolsillo al trabajador porque estábamos en momentos muy difíciles. Es importante saber qué es lo que quería Melella y habíamos presentado que todos los trabajadores que cobren hasta dos millones de pesos iban a seguir pagando el 3% de aportes. A partir de los dos millones de pesos se les iba a cobrar el 6% del excedente. Si cobraban dos millones y medio, sobre los 500 mil pesos iba a ir el 6%, y así sucesivamente. Luego incorporábamos el 3% para los funcionarios y para los cargos políticos; y el 4.5% para la caja de jubilaciones, que iba a empezar a pagar aportes patronales, que nunca pagaron”, dijo.

“Para el pago de la deuda establecimos que los efectores privados de mayor facturación pagaran el 4.5% de los Ingresos Brutos a un fondo específico. Una vez que se finalice el pago de la deuda, quedará como un fondo de sustentabilidad. Esto salió aprobado y el recurso de aquellos efectores privados que convienen con la obra social, brindan las prestaciones y aportan al Tesoro, va a regresar a la obra social. En este caso hablo de los prestadores de la Clínica San Jorge y del CEMEP, que facturan más de 20 mil millones anuales”, puntualizó.

“También quedó en la ley el aporte del 3% del afiliado, que incluye su grupo familiar hasta los 21 años, como estaba, y hasta los 25 si los hijos siguen estudiando. Se incorporaron los afiliados voluntarios que pagan un adicional del 1% hasta dos millones de pesos, que son ocho categorías 10 y esto es para la mujer o conviviente. Si el salario es mayor a dos millones, es un 2%. Eso ya está en la ley”, indicó.

Asimismo, la legisladora explicó que se echó mano a los fondos del Puerto porque los gremios estatales rechazaron el aumento de aportes. “Al no generarse el recurso que teníamos cuantificado, había que salir a cubrir ese recurso. Hubo muchas propuestas para sacar recursos, por ejemplo, de las utilidades del banco, pero nosotros lo rechazamos porque esas utilidades ya van a un fondo para la caja de jubilaciones. Otra propuesta fue subir impuestos al privado y dijimos que no, porque la obra social es del Estado. Después hubo propuestas sobre el superávit de AREF, pero no teníamos en ese momento la cuantificación. Luego salió la propuesta del superávit del Puerto, que tenía 8 mil millones en un plazo fijo y el superávit del 2025 rondaría los 10 mil millones”, sostuvo.

“La propuesta de los legisladores fue consultarle al gobernador, porque no sabíamos si ese dinero estaba comprometido para obras. El gobernador accedió a este tema, porque realmente no hay dinero y los números están a la vista”, subrayó.

“Acordamos esto para regularizar la obra social, para que tenga ingresos de recursos, porque ya Sánchez Posleman había dicho que iba a cortar los servicios. Yo le reconozco al doctor Sánchez Posleman el acompañamiento que le ha dado al Ministerio de Salud de la provincia muchísimas veces y cómo ha bancado las situaciones con la clínica. Este proyecto ya es una ley y tiene herramientas de gestión que se tienen que cumplir, así que hay un gran desafío por parte de la obra social. Hay herramientas económico-financieras y queda un trabajo interno de la OSEF para poder ponerse de pie y rendir cuentas cuando empecemos a tratar el presupuesto. Ahí vamos a tener que tratar nuevamente esta ley, porque esto no es suficiente”, advirtió.

“No se puede pretender tener una obra social con una cobertura altísima como cualquier prepaga y pagar 20 ó 30 mil pesos. Los empleados del Estado no son el ombligo del mundo, porque detrás tenemos toda una sociedad donde muchos se quedaron sin laburo y recurren a la salud pública, que ha aumentado el 60% de la demanda. También hay muchas obras sociales sindicales que no pagan las prestaciones y han abandonado a sus afiliados. El Estado ha tenido que hacerse cargo y hay una cuestión muy grave con estas obras sociales, que están para atrás en el país entero”, observó.

Además, expuso los límites a las designaciones en la OSEF. “La planta política que era de 60 designados se bajó a 20. Se incrementaron del 80 al 90% los recursos que se deben destinar a las prestaciones, así que solamente le quedó el 10% a la obra social para gastos corrientes”, precisó.

Compra de medicamentos

Consultada sobre la compra de medicamentos que, según Elvia Agüero, dio origen a pagos un 1.200% más caros, lo que derivaría en una denuncia penal, dijo que “yo tengo un tema con ella particularmente, porque es una denunciadora compulsiva. Ha hecho denuncias en la Fiscalía, en el Tribunal de Cuentas, y no han prosperado. Ha estado en la Legislatura, le hemos pedido documentación, nunca la ha presentado y sigue denunciando. Yo no tomo como parámetro sus declaraciones. En comisión no supo decir qué medicamentos estaban faltando en la farmacia, porque no tenía ni idea”, aseguró.

“Si me preguntan a mí, particularmente cerraría esa farmacia y lo digo desde siempre, porque tenemos que dar prestaciones en todas las farmacias, hacer convenios y tomar las auditorías como bandera para ver que se estén haciendo las cosas bien. Cada afiliado podría ir a la farmacia y retirar su medicamento y mi postura siempre se la he dicho a todos”, expresó.

“Hoy un afiliado que necesita cuatro medicamentos, en la farmacia encuentra dos. Le sellan la receta y tiene que ir a una privada a buscar el resto. Es un disparate y cuando se solucione este problema de gestión va a ser importantísimo”, aseveró.

“Por otra parte se estableció un procedimiento para los medicamentos de tratamientos crónicos y para el resto de los medicamentos”, agregó.

Consultada sobre el rol del Laboratorio del Fin del Mundo, cuya actividad se desconoce, y la posibilidad de que provea de medicamentos, dijo que “habíamos pensado en invitarlos a comisión y decidimos darle continuidad al proyecto y no trabarnos con el Laboratorio. Esta es una etapa que se va a tratar seguramente en las próximas reuniones, cuando se encuentre medianamente normalizado todo el procedimiento que tienen que aplicar”, adelantó.

El rearmado del PJ

Con respecto a la coyuntura nacional y las aspiraciones del justicialismo de recuperar el poder, señaló que “estamos todos muy complicados y muy lejos de compartir cualquier tipo de política de Milei. Es muy triste ver que la gente no llega a fin de mes, que no hay laburo, muchos chicos comen en los comedores escolares y después no comen en su casa. Estamos pasando muchas dificultades y dentro del movimiento nacional y popular nos queda un gran desafío, que es trabajar con proyectos claros y volver a conquistar al electorado”.

“El electorado dijo que no nos quiere más, por muchas cuestiones. El proyecto nuestro tuvo una falencia muy importante. Se tenían que realizar cambios estructurales y no se realizaron, en materia impositiva, en materia laboral y en materia previsional. Si vamos a Río Grande, los trabajadores de la electrónica no nos acompañaron, porque se cansaron de la manera contractural que tienen, porque hace 20 años están con contratos transitorios, de una semana o de 15 ó 20 días. Se encontraron con un sindicalismo que no los representa y yo no voy a ir a ninguna movilización donde tenga que escuchar a un dirigente como Oscar Martínez, porque todos los trabajadores que están en esa circunstancia lo están porque hay un convenio que se firmó en Buenos Aires con el Ministerio de Trabajo, con AFARTE y con la UOM. Ellos tendrían que haber dado de baja ese convenio, que es el único que existe en el país. Somos pioneros en la esclavitud moderna y esos trabajadores no nos van a votar”, sentenció.

“Con el sistema previsional hay una deuda con todos los argentinos. No podemos seguir estando con moratorias tras moratorias. Es importante darle una continuidad a la moratoria, porque el que no tiene los años de aporte se va a tener que jubilar con una pensión universal. Debemos ir a un sistema previsional donde el trabajador pueda cobrar un haber lo más parecido a la vida activa, para no perder su nivel de vida”, propició.

“En nuestro gobierno se jubilaron 5 millones por la moratoria y yo era jefa de ANSES cuando se anunció esta moratoria, que era una deuda pendiente, porque la mayoría de los trabajadores no tenían la certificación de servicios, aunque trabajaron toda su vida. Había que solucionar esto, pero es una etapa que se terminó. Habría que haber trabajado para tener un sistema acorde y que el que gana 8 millones de pesos no cobre 2 millones y medio, porque hay tope para el aporte. Tenemos que terminar con el tope, porque eso no es equidad”, criticó.

Como vicepresidente del Partido Justicialista, se le preguntó cómo se está trabajando para el armado electoral. “Yo estoy dentro del bloque de FORJA y respondo al gobernador de la provincia. Es la segunda vez que en el PJ acompaño a Walter Vuoto y nosotros hicimos un acuerdo electoral en su momento y los acuerdos hay que honrarlos. Pasaron muchas cuestiones en medio y veremos cómo seguimos. La idea es poder estar en unidad, que es necesaria, porque lo que tenemos enfrente nos asusta y estamos pensando en el bienestar de la gente”, priorizó.

“Tenemos que generar las estrategias necesarias para ir con un mensaje concreto, con propuestas que le cambien la vida a la gente. La prioridad de las familias es el trabajo, poder contar con una vivienda, tener una seguridad laboral, y en esos temas tenemos que trabajar”, instó.

“Sabemos que estamos en una situación difícil, lo de Cristina es algo injusto porque no le han dado el derecho a la defensa y entendemos que es una presa política. Lamentablemente en el gobierno de Alberto Fernández sucedieron muchas situaciones que no tendrían que haber pasado y él tendrá que responder ante la justicia por lo que ha sucedido”, planteó, a partir de su procesamiento.

Parte de la historia

Finalmente, como antigua pobladora, se le pidieron algunas palabras por el aniversario de Río Grande. “Río Grande me ha dado todo, he crecido con Río Grande, porque vine con mis padres en 1972. En esa época había calles de tierra y para ir a la escuela nos tenía que llevar el vehículo de Prefectura. Yo vi crecer la ciudad, donde nos conocíamos todos porque éramos muy pocos. Comencé a trabajar a los 16 años en Lapataia, luego estuve en FAPESA y después concursé para entrar a ANSES. Las jubilaciones en ese momento se liquidaban en Comodoro Rivadavia y tengo mucha historia muy linda en ANSES, donde quedé como jefa de Río Grande y Tolhuin. En la gestión de Manfredotti ingresé al gobierno y logramos hacer un gran grupo de compañeros. Él dejó el gobierno con 7.000 empleados públicos y la deuda de los bonos Albatros estaba cancelada. Fue el que compró la Rolls Royce, que todavía nos está salvando la vida. Ahí hice un trabajo de militancia y luego entré a la política”, concluyó.