Por: Ramón Taborda Strusiat

 

Río Grande.- El legislador de Provincia Grande Matías Lapadula hizo un balance de la sesión en la que fue aprobada la ley de financiamiento de OSEF y también habló sobre la conformación de un frente opositor al gobierno de la provincia y al gobierno nacional.

En principio se definió “satisfecho por haber llegado a un consenso de todos los bloques, si bien esta ley no va a generar una solución de fondo. Hay herramientas que tienen que ver con la mejora en aspectos administrativos y de gestión, sobre todo las contrataciones y compras. No hay solamente un problema de recursos sino de cómo se gasta el dinero”, dijo.

“Esta es una herramienta que tiene que aprovechar el gobierno de la provincia y el directorio de la OSEF para enderezar la situación. Todo depende de cómo se la utilice y, si no se hace nada del punto de vista administrativo, no va a alcanzar esto y la obra social va a seguir con los problemas que tiene ahora”, advirtió al programa ‘Buscando el Equilibrio’ por Radio Provincia.

Estimó que la herramienta financiera que se dio “cubre un 35 ó 40% del déficit, que se estima entre 60 y 70 mil millones de pesos. Claramente no alcanza, pero dentro de la ley se incluyeron herramientas para mejorar la gestión de la OSEF, porque no es un tema de recursos solamente. El directorio tiene que aprovechar estas herramientas para hacer los cambios necesarios, controlar en qué se gasta y gastar mejor”, instó.

“Nosotros hemos dado financiamiento y una asignación de recursos para cubrir las deudas, además instruimos a que se creen áreas dentro de la OSEF para mejorar los sistemas de compras. Ahora no tienen excusas porque la Legislatura les dio las herramientas”, subrayó.

“No puede poner más excusas ni el gobierno ni su directorio. Nosotros venimos haciendo pedidos de informe y la OSEF tiene que presentar informes ante la Legislatura, pero nosotros no controlamos. El organismo de control es el Tribunal de Cuentas. En todo caso haremos todos los pedidos de informe que consideremos pertinentes para ver que se cumpla con la ley que sancionamos”, adelantó.

“Por supuesto que hay que estar encima y yo acompañé esta ley, pero la responsabilidad está en el gobierno. Yo no confío en el directorio de la OSEF, porque no está a la altura de las circunstancias, pero no es la Legislatura la que elige a los funcionarios, sino el gobierno. También tiene que hacerse cargo el gobierno y dejar de patear la pelota afuera”, cuestionó.

Consideró que “esta ley es el puntapié inicial y ahora tienen que solucionar el tema de la administración y dejar de invertir mal los fondos públicos”.

 

No al aumento de aportes

 

Consultado sobre el aumento de aportes que pretende el gobierno, como señaló el legislador Federico Sciurano, marcó diferencias de criterio. “Yo no coincido, porque el legislador Sciurano cree que es un problema de recursos y no de administración. Si el legislador Sciurano cree que es posible quitarle plata del bolsillo a los trabajadores, con los sueldos atrasados que tienen, es un tema de él. Yo creo que eso no se puede hacer y no me parece el momento propicio para aumentar los aportes”, dijo.

 

Fondos de la caja

 

También se le preguntó por los fondos que se le quitan a la caja de previsión nuevamente, y negó que sea así. “Hay una ley que se puso en su momento para fortalecer a la caja de previsión social, porque era deficitaria. Hoy la caja es superavitaria en 9 mil millones de pesos anuales. La deficitaria ahora es la obra social y entendimos que esos recursos se tenían que reasignar a la obra social, pero ese dinero no soluciona ninguno de los problemas. Es un importe que ayuda, porque estamos hablando de 1.200 millones de pesos por mes. Según esta ley eso se va a destinar a un fondo específico para enfermedades de alto requerimiento. Es una herramienta para adquirir medicamentos y contratar las prestaciones en una situación más favorable. Se busca reducir el gasto en este tipo de prestaciones. Este dinero no es para que vaya a un saco roto, sino que va a ir a un fondo específico. Con esta herramienta debiera mejorar mucho la eficiencia en el gasto, pero es el directorio el que la tiene que utilizar como corresponde”, reiteró.

“Además esta ley asigna un fondo específico que viene de Ingresos Brutos, luego de la coparticipación a los municipios, que no tienen por qué arreglar el desastre que hicieron en la OSEF. En Río Grande tenemos un Estado municipal que invierte más de 10 mil millones de pesos en su sistema de salud y el 30% de los pacientes son de la OSEF, por eso me parecía injusto que el municipio tenga que financiar el problema que han generado en la obra social. La deuda se va a pagar con eso, más las utilidades de la Dirección Provincial de Puertos del año 2024, que fueron 8 mil millones de pesos, y las de este año, que se estiman en 10 mil millones de pesos. La deuda hay que consolidarla, certificarla, y se estima que es de 20 mil millones”, expresó.

 

Una decisión política

 

Frente al rechazo de los trabajadores del Puerto a que le saquen los fondos que tenían ahorrados, manifestó que fue una decisión política. “Yo no creo que se le saquen fondos al Puerto, porque es un ente del Estado provincial y por decisión del Estado se pueden invertir sus utilidades como lo crean más conveniente. También los empleados de la dirección de Puertos son beneficiarios de la obra social. Cuando se hizo la obra de ampliación, no fue con plata que tenía ahorrado el Puerto, sino con financiamiento que consiguió el gobierno de la provincia”, planteó.

“La verdad es que el Puerto no invertía este superávit que tiene, lo tenía en una inversión financiera. No podemos dejar que la situación de un organismo se agrave cuando tenemos otros que tienen ahorro. Es una decisión política, de lo contrario es dejar que quiebre la OSEF”, aseveró.

 

Intervención inviable

 

Dado que todas las críticas apuntan al directorio, se le preguntó por qué la Legislatura no interviene la obra social. “Si sacamos una ley de intervención de la OSEF tenemos que instruir al Ejecutivo a designar un interventor, y estamos en la misma situación. Estoy de acuerdo con que hay un problema serio de gestión, pero es una decisión del gobierno. Elegimos un gobierno cada cuatro años y confío en que en el 2027 optemos por algo que no nos lleve por el camino que nos ha llevado este gobierno”, disparó.

 

Reforma constitucional

 

Con respecto a las presiones a la justicia para que se expida sobre la constitucionalidad o no de la ley que declaró la necesidad de la reforma, coincidió con el fiscal Urquiza en que no hay que judicializar la política. “No hay dinero para la obra social, para las escuelas, para los hospitales, pero parece que para la reforma sí. Yo comparto lo que dijo el fiscal Urquiza, que no hay que judicializar la política. Siempre me pareció mal que la justicia intervenga en decisiones que son de la política. Para mí no es momento de avanzar con una reforma de la Constitución, no están dadas las condiciones y pareciera que es simplemente un capricho del gobernador de la provincia para habilitar su re-reelección. Meternos a todos en un proceso electoral por un capricho personal del gobernador, no lo veo. Hay muchas deficiencias en la ley de convocatoria y habrá que cumplir con la decisión de la justicia, además no sabemos qué quieren modificar”, observó.

 

Prórroga a las concesiones

 

El legislador también acompañó la prórroga de las concesiones al consorcio Total-Panamerican-Wintershall, que permitirá a la provincia recibir fondos frescos. “Son 5 millones de dólares más 35 millones de compensación de regalías. Eso va a entrar trimestralmente a partir de la ratificación de la Legislatura”, informó.

 

Un proyecto propio

 

Yendo al terreno electoral, no dejó margen para un proyecto de unidad del justicialismo. “Nosotros estamos en la vereda de enfrente del gobierno nacional, que ha causado un daño muy severo a las economías provinciales. No estamos de acuerdo para nada con la política de desindustrialización que lleva adelante el gobierno nacional, mucho menos con el cierre de dependencias fundamentales, que tienen que ver con el federalismo, como el INTA o Vialidad. Como dijo el intendente Martín Pérez, nosotros vamos a proponer a los fueguinos construir una alternativa diferente, de oposición al gobierno nacional, mostrando que se pueden hacer las cosas de diferente manera. A nivel provincial también somos oposición, porque necesitamos una alternativa que defienda los derechos de Tierra del Fuego”, sostuvo.

“Va a haber un frente con Provincia Grande del que van a participar varios actores que nos están acompañando. Esto se va a terminar a definir los primeros días de agosto, siempre pensando que no es una cuestión de juntarse por oposición al gobierno provincial. Vamos a hacer una propuesta para desarrollar la provincia y no nos vamos a presentar en un frente con quienes desfinanciaron la educación pública, la OSEF, la salud pública, con quienes hacen que hoy no haya clases, que Ushuaia y Tolhuin no tengan energía. De ninguna manera podemos compartir un proyecto de provincia con el sector que la viene destruyendo”, fustigó.

Puntualmente hizo referencia “al gobierno de la provincia y a la alianza que tiene con el PJ. Hay una alianza de gobierno que cree que tenemos que ir todos juntos y yo creo que no. Tenemos que presentar una alternativa que proponga otro camino, con una gestión que planifica, que construye, como lo venimos haciendo en la ciudad de Río Grande. Ese modelo de gestión queremos proponerlo para la provincia, porque nos merecemos algo mejor a lo que tenemos”, remarcó.

“Lo más importante es mantenernos con nuestras convicciones. Estas son elecciones importantísimas, el hecho de contar con senadores y diputados que defiendan a la provincia es fundamental. Nosotros no vamos a estar en el sector de los actuales diputados y senadores del justicialismo, porque consideramos que no han hecho las cosas que pretendemos como provincia. El aporte ha sido bastante pobre. Son formas de trabajar y de ver la política que no compartimos, por esa razón vamos a presentar una propuesta propia y vamos a trabajar para convencer a los fueguinos que el camino no es el mismo de siempre”, agregó.

También planteó diferencias con la construcción nacional del campo nacional y popular. “A nivel nacional aparentemente hay un acuerdo para presentarse juntos, más allá de las rispideces o las discusiones por el armado de las listas, pero no es la realidad de la provincia. Tampoco la gestión del gobernador de la provincia de Buenos Aires es la gestión que tenemos en Tierra del Fuego. Yo separo las cosas y estamos convencidos de que el camino lo tenemos que construir desde Tierra del Fuego, defendiendo los intereses de los fueguinos. Seguramente en 2027 vamos a tener que acompañar una opción de gobierno alternativa a la que estamos viviendo con Milei, pero en este momento tenemos que trabajar para la provincia”, priorizó.

Finalmente se le preguntó si va a ser candidato. “Uno tiene que estar en el lugar donde más puede aportar. Hoy mi aporte es en la Legislatura, he sido electo por cuatro años y tengo que cumplir con estos cuatro años para lo que fui electo. Después de estos cuatro años veremos cómo nos juzga el electorado. Yo no tengo ningún interés personal y para mí es mucho más importante trabajar para la provincia desde el lugar que me toque”, concluyó.