

Preocupación en el sector ganadero patagónico por el retroceso en materia sanitaria tras la entrada en vigencia de la resolución 460.
Así lo expresó la presidenta de la Asociación Rural de Tierra del Fuego, Lucila Apolinaire, quien en diálogo con FM Master´s, advirtió que la medida impulsada por el Gobierno nacional “baja el estatus” de la Patagonia como región libre de fiebre aftosa sin vacunación y afecta directamente las posibilidades de exportación.
“La medida sigue firme y lamentablemente pareciera que el Gobierno no quiere dar marcha atrás”, afirmó Apolinaire, tras participar junto a representantes del bloque patagónico de una reunión en Buenos Aires con autoridades del Ministerio de Agricultura y del SENASA.
El estatus sanitario diferencial de la Patagonia ha sido un activo clave para las exportaciones hacia destinos como Chile, la Unión Europea, Japón y potencialmente Estados Unidos. Con la flexibilización impuesta por la resolución 460, se abre la puerta al ingreso de carne con hueso desde regiones del norte del país donde se vacuna contra la aftosa, lo cual “afecta directamente la credibilidad de nuestros controles y expone a la región a perder mercados internacionales”.
“Chile ya cerró la importación de animales en pie y advirtió que realizará nuevas auditorías. La Unión Europea también lo anticipó. El cambio en la normativa nos obliga a revalidar certificaciones que ya estaban otorgadas”, detalló Apolinaire.
La dirigente ruralista apuntó que detrás de la resolución hay intereses económicos:
“Pensamos que lo que se busca es ubicar excedentes de carne con hueso del norte del país que no pueden exportarse por no cumplir con los estándares internacionales”.
Además, cuestionó el argumento de que la medida abarataría el precio de la carne:
“Vi planchas de asado a $22.000 y paquetes de grasa con hueso a $8.000. No se trata de carne de calidad. Y los precios no bajaron como prometían”.
Subrayó que en la Patagonia los precios siempre son más altos por cuestiones logísticas y aclaró que “los productores no formamos el precio, eso lo hacen las cadenas comerciales”.
Frente al impacto negativo de la resolución, varias provincias patagónicas ya iniciaron acciones judiciales. En Tierra del Fuego, los productores están preparando un amparo para frenar la aplicación de la norma y resguardar el estatus sanitario.
“Queremos que la justicia decida. No somos litigantes del Estado, trabajamos en el campo. Pero no podemos permitir que se tire por la borda todo el esfuerzo de años”, expresó Apolinaire.
Si bien el personal técnico del SENASA reconoció los riesgos, desde el sector rural denuncian que hay “una decisión política dictada desde el Ministerio de Economía” para mantener la postura oficial.
Desde el sector ganadero de Tierra del Fuego advierten que el impacto de la resolución 460 ya se siente: caída en exportaciones, cierre de mercados, incertidumbre sanitaria y ningún beneficio tangible para el consumidor. “Es una medida regresiva que afecta el esfuerzo de toda la región patagónica. No podemos quedarnos callados”, concluyó Apolinaire.