Por: Ramón Taborda Strusiat

Río Grande.- El concejal de Provincia Grande, Jonatan Bogado, mantuvo una reunión con la presidenta de la Asociación Rural de Tierra del Fuego, Lucila Apolinaire, para expresar su preocupación y compromiso frente al impacto negativo que genera la Resolución 460/2025 del Gobierno Nacional.

“Esta medida pone en riesgo el estatus sanitario ‘Libre de Aftosa sin Vacunación’ que la Patagonia supo construir durante más de 20 años con enorme esfuerzo de productores y organismos de control”, afirmó Bogado. Además, remarcó el peligro que implica el recorte presupuestario y la desfinanciación de organismos claves como SENASA, encargados de velar por la sanidad animal y la trazabilidad de nuestra producción.

Desde el Concejo Deliberante, el edil y presidente de la Comisión de Producción e Industria, adelantó que presentará un proyecto de declaración en repudio a la Resolución 460/2025, exigiendo su inmediata derogación, en defensa de la producción ganadera, el trabajo local y la soberanía alimentaria de Tierra del Fuego y toda la región patagónica.

“Los productores fueron engañados, los compromisos asumidos fueron incumplidos y hoy estamos ante una grave amenaza económica, productiva y ambiental. Debemos acompañar a las entidades rurales y a las provincias en cada reclamo, hay que generar unidad y defender nuestra ciudad”, concluyó Bogado.

“Es un retroceso para toda la Patagonia”, dijo Apolinaire

La presidente de la Asociación Rural de Tierra del Fuego, Lucila Apolinaire, advirtió sobre las consecuencias sanitarias y comerciales que implica para la región la aplicación de la resolución 460/2025. Asimismo, sostuvo que la medida atenta contra el estatus sanitario diferenciado de la Patagonia y favorece intereses comerciales de frigoríficos del norte del país.

Lucila Apolinaire participó de una reunión con representantes del Bloque Patagónico, la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca y autoridades del SENASA, donde se analizó el impacto de la resolución 460/2025. “Lamentablemente, sigue firme y el Gobierno no muestra intención de retractarse. Lo vemos como un gran retroceso para la cuestión sanitaria de toda la Patagonia. Durante muchos años trabajamos para mantener este estatus diferenciado y con esta medida se tira todo para atrás”, alertó.

La resolución, según explicó, afecta directamente la posición de la región frente a enfermedades como la fiebre aftosa: “Nuestra zona es libre de aftosa sin vacunación, a diferencia del norte del país donde sí se vacuna. Esto nos permite exportar carne producida y faenada en la Patagonia a mercados internacionales. Perder esa posibilidad es una pena. Esto no significa que la enfermedad vaya a llegar de inmediato a la Patagonia, pero sí se pierde el estatus que garantiza nuestra competitividad”.

Intereses comerciales y desigualdad sanitaria

Apolinaire cuestionó la intención del Gobierno Nacional: “Creemos que hay dos cuestiones. Por un lado, nos parece que los países que te compran miran el mapa y ven que hay dos status, y eso no favorece porque da la pauta de que hay dos condiciones sanitarias, y eso es una alerta. La idea es que todo el país sea igual que Chile, Brasil, Bolivia y próximamente Paraguay, que ya tienen un estatus libre de aftosa, sin vacunación. Habría que nivelar para arriba y no ensuciar la parte sur”, a lo que agregó “además, intuimos que hay carne con hueso en el norte que como no se puede vender en otros países porque tienen vacunación, esa carne quieren ubicarla en algún lado”.

También desestimó el argumento del precio como justificativo para la medida: “Es muy liviano. El fin de semana vi planchas de asado del norte a $22.000, era carne de buena calidad, y en otro comercio, paquetes de grasa con hueso a $8.000. No es un impacto real sobre el precio. Además, acá todo es más caro por cuestiones logísticas. Los productores no formamos precios, por lo tanto, no hay un beneficio directo para el consumidor”.

Impacto en exportaciones y reacción internacional

La presidente de la Asociación Rural advirtió que la resolución ya generó repercusiones internacionales. “Chile, al publicarse la norma, cerró la importación de animales en pie. También la Unión Europea anunció auditorías. El estatus cambió, y eso abre mercados para otros países que tienen mejores condiciones que la Argentina. Todo lo que se exporta por frigoríficos de Santa Cruz ahora está en observación”.

Acciones legales y advertencia al Gobierno

Frente a este escenario, el sector ganadero ya inició acciones legales: “Estamos avanzando con amparos judiciales, como ya lo hicieron otras tres provincias. Esta norma es poco seria, va contra la Constitución y contra leyes sanitarias vigentes. Perjudica las barreras sanitarias y por eso recurrimos a la Justicia, para que decida si la resolución fue bien tomada y evitar que se lleven puesta la producción y tantos años de trabajo”.

Por último, Apolinaire señaló que, aunque hay entendimiento técnico en las áreas sanitarias del Gobierno Nacional, la orden política proviene de instancias superiores: “Desde el Ministerio de Economía bajaron línea para sostener esta postura. Los técnicos entienden el riesgo, pero responden a sus superiores. Aun así, confiamos en que la Justicia pueda frenar esta medida antes de que cause más perjuicios”.