RIO GRANDE.- La discusión sobre el funcionamiento del Poder Judicial de la provincia escaló a un nuevo nivel con las recientes declaraciones del Dr. Francisco Giménez, quien no dudó en calificar la situación de la Justicia provincial como "terminal".

En una entrevista que brindó en Radio Provincia de la ciudad de Ushuaia, el letrado dijo que uno de los problemas principales de la Justicia es haberse "involucrado en un tema político", como la convocatoria a una asamblea constituyente, una cuestión que, a su entender, debería ser no judiciable y exclusiva de los representantes políticos de la provincia.

Sin embargo, la crisis no se limita a la esfera política. Giménez enfatizó que se trata también de una "crisis de servicio, de eficiencia y de prestación del servicio que le dan a la ciudadanía". Explicó que, si bien el Poder Judicial es un órgano político por naturaleza, la preocupación surge cuando comienza a "jugar partidariamente para un lado o para el otro". Los fallos del Superior Tribunal de Justicia, aunque a menudo son políticos en un sentido amplio, se vuelven problemáticos cuando la institución se divide y los jueces "toman partido por uno u otro sector predominante", sin el respaldo necesario para avanzar en causas sensibles, como las de corrupción.

La crisis del servicio y la urgente necesidad de una reforma profunda

El abogado Giménez ahondó en cómo esta situación resiente el día a día de los ciudadanos. Analizó que mientras las cúpulas judiciales se inmiscuyen en debates políticos, el servicio de justicia para el común de la gente se deteriora.

Los juicios demoran años, los ciudadanos no conocen a sus jueces y son atendidos por funcionarios de menor categoría, contraviniendo lo que establecen los códigos. Citó casos como trabajadores que esperan años para cobrar sus indemnizaciones o padres que luchan por el régimen de visitas de sus hijos. "Aunque la gente no lo crea, el mal servicio de justicia nos afecta en calidad de vida, en calidad institucional, en el propio futuro nuestro, en la vida de nuestros hijos", sentenció.

Giménez también cuestionó la selectividad con la que la justicia aborda ciertos temas, como la celeridad para tratar cuestiones políticas urgentes en contraste con la dilación de causas ciudadanas importantes. Criticó la práctica del "cajoneo" de expedientes, que, según él, permite a los jueces "hacer política" y demorar resoluciones. Puso como ejemplo un expediente sobre el "1587" que lleva siete años sin resolverse, mientras se acelera la causa por la reforma constitucional. "Los jueces son jueces 24-7, y si ven que están robando, no esperen a que termine el mandato, o especular, a ver si lo reeligen o no, para sacarle la causa del cajón", expresó.

El Dr. Giménez fue más allá y denunció que la Constitución provincial prohíbe a los legisladores modificar el sistema del Poder Judicial, dejando esta potestad exclusivamente al Superior Tribunal de Justicia. Esto, sumado a privilegios como los 60 días de vacaciones judiciales, impide una verdadera reforma que recupere la soberanía popular sobre este poder del Estado. Para él, es crucial discutir la "inamovilidad de los jueces", un tema que, a su juicio, ha contribuido al deterioro institucional. Finalmente, lamentó que, más allá de la crisis institucional, el gran problema de Tierra del Fuego es la "corrupción en todos los niveles del Estado", la cual se manifiesta en la falta de servicios básicos a los vecinos, no por ausencia de recursos, sino "porque se los roban".