El defensor del juez Andrés Leonelli, Gustavo Ariznavarreta, expresó su profunda preocupación por las irregularidades que rodean el expediente judicial en el que se investiga al magistrado por la presunta tenencia de material de abuso sexual infantil. En una entrevista por FM Provincia, el abogado calificó como “anormal” la secuencia de hechos ocurridos en el traslado de pruebas clave entre Río Grande y Ushuaia.

“Cualquier circunstancia en un proceso penal que sale de la norma deja de ser legítima. Esto complica la legitimidad del proceso y evidencia fallas en la gestión de algún sector de la jurisdicción que no está haciendo las cosas como corresponde”, afirmó Ariznavarreta.

El envío en cuestión contenía tres soportes digitales (CDs y un DVD) con imágenes relacionadas a la causa. Fue remitido desde el Juzgado de Río Grande el 2 de julio, a pedido de la jueza Barrionuevo. Sin embargo, llegó a Ushuaia recién el 11 de julio, con el sobre roto y parte del contenido faltante.

“No se sabe dónde estuvo ese sobre durante tantos días. Lo que sí sabemos es que llegó abierto, y eso lo constató personal de la Policía Científica por orden de la jueza”, explicó el defensor. “Lo que debía venir eran soportes digitales. No eran fotos impresas, y de los discos que llegaron, sólo uno tenía imágenes sin relevancia penal”.

Frente a la situación, Leonelli presentó una denuncia penal para que se investigue la desaparición del material. “Pedimos que se investigue toda la secuencia desde que salió el sobre de Río Grande hasta que llegó abierto a Ushuaia. Solicitamos además ser parte querellante”, indicó Ariznavarreta.

El abogado también se refirió a la posible utilización de un chofer judicial –en lugar del correo oficial– para el traslado del material, aunque aclaró que se trata de un trascendido: “No le doy más relevancia que eso, pero debe ser esclarecido”.

Ariznavarreta señaló que para la defensa, la causa penal ya estaba esclarecida desde el 3 de julio, cuando el juez Sahade informó que las imágenes halladas en la nube del magistrado coincidían con un expediente archivado desde 2016. “A mi modo de ver, ahí terminaba el proceso. Lo demás son discusiones jurídicas sobre la legitimidad de ese origen”, dijo.

Sin embargo, advirtió que este no fue el único episodio irregular. También denunció una apertura anticipada y sin autorización de los teléfonos secuestrados, lo que derivó en la nulidad de esa pericia: “Se violó la cadena de custodia. Esa información debió ser destruida. Es una nulidad extrema”.

“El Estado no puede perseguir penalmente a una persona partiendo de una simetría de poder y, además, valerse de irregularidades procesales. Eso genera un problema institucional muy serio. Las reglas del debido proceso están para proteger derechos”, sostuvo.

Finalmente, el abogado remarcó su preocupación personal y profesional por el desarrollo del caso: “Esto no es normal. No me produce una vibración buena. Me genera tristeza. No está bien lo que está pasando”, concluyó.