En medio del creciente debate público sobre el funcionamiento de la Obra Social del Estado Fueguino (OSEF), Franco Tomasevich apuntó contra los cuestionamientos surgidos en el ámbito político y gremial, y aseguró que las críticas no tienen sustento institucional. “OSEF no puede ser un escenario de campaña. Algunos están usando la salud de la gente como plataforma electoral”, advirtió en declaraciones a FM del Pueblo.
El funcionario respondió directamente a los dichos del legislador Raúl Von der Thusen, quien había planteado la necesidad de reforzar los controles sobre la gestión. “Todos los actos de OSEF están auditados por el Tribunal de Cuentas, que es el organismo competente. Si realmente tienen denuncias, deberían presentarlas formalmente. Pero lo único que hacen es agitar en los medios”, afirmó.
Tomasevich remarcó la diferencia entre las intervenciones públicas y las posiciones asumidas en el ámbito legislativo. “En la última visita a la Legislatura se le pidió al legislador que enumerara alguna irregularidad concreta. No supo dar una sola. Sin embargo, terminó votando una resolución que reconoce que el verdadero problema de la obra social es la falta de recursos”.
También se refirió a los cuestionamientos de la dirigente de ATE, Elvia Agüero, quien busca reemplazarlo en el cargo y denunció supuestos sobreprecios en la compra del medicamento Lenomel. “No hubo sobreprecio. El precio varió entre marzo y mayo, pero seguimos adquiriéndolo con un 99% de descuento. Lo que no se dice es que los medicamentos aumentaron más de un 500% en el último año, y los ingresos de OSEF no acompañaron ese ritmo”, explicó.
En ese sentido, destacó que la obra social fueguina logró acuerdos con laboratorios que ni siquiera el Ejecutivo pudo replicar. “El laboratorio Roche, por ejemplo, no le ofreció descuentos al Gobierno provincial, y lo derivó a comprar a través de los convenios que nosotros gestionamos”, señaló.
Sobre la situación económica, Tomasevich advirtió que aún hay entes estatales que no cumplen con el pago de aportes, como el Poder Judicial y la Dirección Provincial de Energía. “Con la nueva normativa, todos los organismos descentralizados están obligados a aportar. Es algo que debió haberse implementado hace mucho”, sostuvo. Además, adelantó que se iniciarán gestiones para recuperar los fondos adeudados por las prestaciones a beneficiarios RUPE, cuyo monto ronda los 6 mil millones de pesos.
El funcionario también reveló una situación interna sensible: por presión pública y mediática, seis trabajadoras fueron cesanteadas. “Fue una decisión difícil, tomada en base a un plebiscito entre afiliados. Eran compañeras con un fuerte compromiso, algunas estaban en sectores clave como auditoría y farmacia. La decisión fue dolorosa e injusta”, reconoció.
Por último, Tomasevich hizo un llamado a un debate honesto y responsable: “Hay legisladores que nunca se acercaron a OSEF y opinan desde el desconocimiento. Mientras no se actualicen los salarios y no se garantice el financiamiento, no hay forma de sostener los pagos a prestadores ni de abastecer la demanda de medicamentos. Y lo peor es que, en medio de esta crisis, hay quienes siguen haciendo política con la salud de los fueguinos”.
