Según pública el Diario La Nación, la jueza federal de Río Grande, Mariel Borruto, quedó en el centro de una controversia nacional tras firmar un fallo que contradice a la Corte Suprema de Justicia y habilita a Cristina Fernández de Kirchner a votar en las elecciones del 26 de octubre, a pesar de su condena firme por corrupción.

Borruto actuó como subrogante del juzgado federal de Río Gallegos durante una licencia del juez Claudio Vázquez y dictó la resolución el 18 de julio, último día hábil antes de la feria judicial. En su fallo, declaró la inconstitucionalidad de los artículos que impiden votar a personas condenadas y decidió mantener a la expresidenta como electora activa en el padrón de Santa Cruz.

La decisión se da luego de que la Cámara Nacional Electoral informara a todos los juzgados federales que, tras la confirmación de la condena de seis años por parte de la Corte Suprema, debía aplicarse la pena accesoria de inhabilitación electoral, prevista para delitos contra la administración pública.

Pese a ello, Borruto —nacida judicialmente en Tierra del Fuego y designada como jueza federal de Río Grande en 2019— sostuvo que impedir el voto “viola principios de legalidad, igualdad, dignidad y resocialización”, y citó fallos de la Cámara Electoral (Zelaya, 2022) y del sistema penitenciario (2016) como respaldo. La magistrada aclaró que la exmandataria puede votar, pero no postularse como candidata.

“Privar el derecho a votar infringe los estándares de nuestro más alto tribunal”, afirmó Borruto en su resolución, aunque omitió un detalle clave: los propios fallos citados permiten excepciones en casos de delitos de corrupción, como el que se imputa a Cristina Kirchner.

La causa fue elevada por la Cámara Nacional Electoral, pero el fiscal con competencia en la materia, Julio Zárate, aún no apeló el fallo, a pesar de haber dictaminado previamente que correspondía excluir a la ex presidenta del padrón. Se espera que tome una decisión una vez finalizada la feria judicial.

La resolución provocó sorpresa tanto en ámbitos judiciales como políticos, ya que contraviene una doctrina consolidada por el máximo tribunal del país. Además, pone en foco a la jueza fueguina, que debió pronunciarse en un expediente de alto voltaje institucional fuera de su jurisdicción natural.

Aunque Cristina Kirchner cumple arresto domiciliario y no podría trasladarse a votar a Santa Cruz, la decisión de mantenerla en el padrón tiene un fuerte valor simbólico y político. El fallo reabre el debate sobre la vigencia de los derechos políticos en casos de corrupción y el límite de las garantías individuales frente a las penas impuestas por la Justicia.

La controversia ya escaló al plano nacional y pone en tensión la relación entre los distintos niveles del Poder Judicial, con una jueza fueguina en el centro de la escena.