Tierra del Fuego estuvo representada por la ministra de Producción y Ambiente, Karina Fernández, quien acompañó el posicionamiento regional frente a una medida que consideran perjudicial para la salud animal, la economía y los vínculos comerciales internacionales.

El núcleo del conflicto gira en torno a la autorización del ingreso de productos y subproductos de origen animal provenientes de zonas con vacunación contra la fiebre aftosa hacia territorios sin vacunación, como es el caso de la Patagonia. Esta decisión, que no fue consensuada con las provincias, despierta alarma por sus implicancias sanitarias y económicas.

Desde las jurisdicciones involucradas se advirtió que la resolución podría afectar la credibilidad de los acuerdos comerciales con países como Chile y miembros de la Unión Europea, quienes imponen altos estándares sanitarios y reconocen el diferencial patagónico como garantía de calidad. Además, se cuestionó la falta de consulta técnica y federal en la elaboración de la medida, así como la desconsideración de las realidades logísticas y geográficas de regiones como Tierra del Fuego.

“La Patagonia ha logrado posicionarse como un bloque con identidad sanitaria propia. No vamos a tolerar medidas que comprometan décadas de trabajo y coordinación interjurisdiccional”, advirtió la ministra Fernández. En ese sentido, subrayó que la habilitación del ingreso de carne con hueso desde zonas con vacunación representa una amenaza directa al modelo sanitario regional.

Entre las resoluciones adoptadas, se acordó impulsar una revisión urgente de la normativa, promover una instancia federal de análisis técnico con participación activa de las provincias afectadas y ratificar la importancia de resguardar el estatus sanitario como una política pública de largo plazo.

Asimismo, se resolvió remitir una nota conjunta al Ministerio de Economía y al Poder Ejecutivo Nacional, instando a una intervención que contemple la protección de los intereses productivos, comerciales y sanitarios de toda la región.

“La defensa de esta barrera sanitaria es una causa común. No se trata solo de preservar protocolos, sino de cuidar el empleo, el esfuerzo productivo y la imagen internacional de nuestros alimentos”, concluyó Fernández, reafirmando el compromiso patagónico con una política sanitaria soberana, basada en la evidencia científica y respetuosa de las realidades territoriales.