

El escenario es complejo y expone tanto los límites del oficialismo como su dependencia de aliados fluctuantes. La Libertad Avanza cuenta con apenas 39 diputados propios, más 2 aliados fieles de los bloques CREO y Somos Fueguinos. El número está lejos de los 87 necesarios para evitar que se caiga el veto y las leyes, que implican un gasto fiscal cercano al 1% del PBI, se impongan pese a la resistencia presidencial.
Para blindar los vetos, el oficialismo apunta a sumar votos del PRO (35 bancas), del sector más cercano del radicalismo (entre 6 y 8 diputados), y de partidos provinciales o bloques chicos como Futuro y Libertad (2), el MID (3) y la Liga del Interior (6). Pero muchas de estas voluntades aún no están aseguradas.
En la votación de la ley jubilatoria, el PRO mostró fracturas internas: 22 diputados votaron en contra, 9 se abstuvieron, 3 estuvieron ausentes y uno (Héctor Baldassi) votó a favor del proyecto opositor. El oficialismo ahora busca torcer esos votos, o al menos garantizar abstenciones y ausencias que le permitan sostener el veto con menos presencia en el recinto.
También están en la mira las bancas radicales de Mendoza y Chaco, donde hay acuerdos electorales en juego, y los votos de diputados provinciales que responden directamente a gobernadores dialoguistas.
El Gobierno ya advirtió que el impacto fiscal de la ley jubilatoria y la emergencia por discapacidad es “inviable” sin comprometer el equilibrio de las cuentas públicas. Según estimaciones de la Oficina de Presupuesto del Congreso, el costo total de ambas medidas ronda entre el 1% y 1,2% del PBI.
La ley jubilatoria implica un ajuste del 7,2% sobre el haber mensual y un bono adicional de hasta $110.000 para quienes cobran la mínima, además de recursos para las cajas provinciales no transferidas. La ley de discapacidad, en tanto, incluye una serie de obligaciones que implicarían nuevas altas y prestaciones, aunque su impacto económico aún no está del todo cuantificado.
Mientras Milei se alista para firmar el veto (antes del 4 de agosto), los bloques opositores buscan volver a presionar en Diputados con otros proyectos sensibles, como el financiamiento del Hospital Garrahan, el sostenimiento del sistema universitario y una reforma del impuesto a los combustibles.
El objetivo: obligar al oficialismo a seguir tomando posición sobre temas sociales y mostrarlo aislado, con un discurso fiscalista ante demandas de alto impacto político.
La batalla por los vetos será tan decisiva como simbólica. Si el oficialismo no consigue los 87 votos, los proyectos vetados podrían convertirse en ley con dos tercios de los votos en ambas cámaras, marcando un fuerte golpe institucional a Milei.
Por eso, el poroteo ya empezó, y cada voto —presente o ausente— puede inclinar la balanza. En esta etapa, la política se juega voto a voto, y el resultado aún está abierto.