La medida extraordinaria fue adoptada tras prolongadas dilaciones derivadas de recusaciones cruzadas, tensiones internas y la actuación del juez Ernesto Adrián Löffler, quien fue apartado por sus pares bajo la acusación de haber demorado el expediente sin justificación. La decisión de abrir la feria judicial refleja el reconocimiento del alto impacto institucional del asunto y la necesidad de brindar una respuesta definitiva a un proceso político clave que aún mantiene suspendidas las elecciones de convencionales constituyentes.

Desde el seno del Tribunal trascendió que la sentencia podría conocerse antes de finalizar julio, en medio de un clima de creciente expectativa y presiones externas. Circulan en redes sociales y medios digitales mensajes que cuestionan la imparcialidad de algunos jueces, lo que algunos sectores interpretan como parte de una campaña de hostigamiento con trasfondo político.

El fallo que se espera no solo deberá dirimir un conflicto de índole constitucional, sino también servir como gesto de transparencia y firmeza institucional en un escenario marcado por la polarización y la desconfianza hacia el Poder Judicial. La decisión será clave para determinar si la provincia retoma el camino hacia la reforma o si el proceso queda definitivamente anulado.