USHUAIA.- La salud pública de la provincia se encuentra al borde de una nueva medida de fuerza sin precedentes. El Sindicato de Profesionales de la Salud (Siprosa), que agrupa mayoritariamente a médicos, analiza seriamente la posibilidad de llevar adelante un paro provincial de 48 horas, una acción que, según adelantó el Dr. Daniel Romero, secretario de organización del gremio, nunca antes se había concretado con esa extensión en el sector. "Lamentablemente tenemos que ir a medidas directas de paro, y por ahí se hablaban también de paros que no sean de un solo día, sino paros de 48 horas que nunca se realizaron dentro de la salud pública para que se note la gravedad de esta cuestión", enfatizó Romero en diálogo con Radio Provincia.

La preocupación central de la comisión directiva de Siprosa radica en lo que describen como el "avance de políticas ministeriales" que, bajo el eufemismo de "productividad", estarían introduciendo "lógicas de mercado en el sistema público de salud". Esto, según Romero, está generando inequidades, fragmentación institucional y un notorio debilitamiento de áreas esenciales, como la prevención, la promoción y la asistencia en salud mental.

Romero manifestó su alarma al señalar que "es preocupante, principalmente para la salud pública". El dirigente gremial recordó que ya han transcurrido "cuatro meses de la acción directa que se están llevando desde los profesionales de la salud", coincidiendo con el cuarto aniversario del incendio del hospital. "Cuatro años y cuatro meses... y parece que nada ha cambiado. Seguimos con las situaciones y las complicaciones cada vez más presentes, cada vez más agravadas", lamentó.

Inaceptable

El punto de inflexión para los profesionales radica en la implementación de "módulos quirúrgicos", que describen como un "pago diferenciado para un determinado grupo de profesionales" y un "sobreprecio sobre lo que ya están cobrando por cumplimentar su tarea". Romero calificó esta práctica como "compleja" y "desleal", ya que "se mezcla un pago por prestación con un salario". Si bien el gremio reconoce la necesidad de un "reconocimiento económico", insisten en que no debe ser a través de formas que mercantilizan la salud, especialmente en prácticas difíciles de cuantificar. "No hay un mensaje claro, es un mensaje la verdad que para los profesionales muy confuso y en esa confusión finalmente no se los reconoce", afirmó.

La denuncia de Siprosa se suma a otras voces en el ámbito de la salud. Daniel Romero mencionó conversaciones con dirigentes de ATSA, quienes también han manifestado preocupación por la distribución de los más de 10 mil millones de pesos destinados a la salud. "No sabemos quién cobra qué ni por qué", indicó Romero, señalando que, a pesar del incremento presupuestario durante la gestión del gobernador Gustavo Melella, la calidad de la atención al ciudadano "es cada vez más deficiente". "El problema no pasa por el presupuesto, sino por cómo se distribuye y hacia dónde se apunta con la atención en salud", sentenció.

La falta de infraestructura, la escasez de recursos y una "nueva estructura" de "cargos" (casi 85 páginas) que, según Romero, solo añade "más burocracia" y afecta la gestión de jefes y directores de áreas, complejizan aún más el panorama. La evaluación de un paro de 48 horas busca "visibilizar el riesgo que está corriendo la salud pública por estas prácticas y esta política mercantilizante".

Situación critica

Siprosa, que mantiene reuniones informativas regulares, incluyendo en Tolhuin, advierte que si no obtienen un "diálogo realmente efectivo" con el Ministerio de Salud y Economía, las medidas de fuerza se concretarán. La situación de las guardias, la falta de pediatras (con solo cinco para una necesidad de 27 en Río Grande) y la transferencia de pacientes al sistema público, evidenciada incluso durante la pandemia, son solo algunos de los problemas que impulsan este reclamo. El Dr. Romero concluyó que el "mensaje" del ministerio es "inviable" para sectores como salud mental, atención primaria y kinesiología, y que la actual política de "productividad y módulos" va "a contramano de lo que se necesita en la provincia".