USHUAIA.- La provincia cierra un capítulo de uno de sus proyectos de infraestructura más ambiciosos, pero también más problemáticos. El Gobierno, mediante el decreto 1834/25, firmado el 18 de julio, dispuso la rescisión definitiva del contrato de obra pública del Corredor Costero del Canal Beagle, que había sido suscrito el 16 de mayo de 2018 con la empresa Juan Felipe Gancedo S.A. Esta medida se complementó con el decreto 1835/25, que revocó retroactivamente al 23 de octubre de 2023 el contrato del tramo II, sin reconocer compensación económica a la contratista.

Originalmente concebida durante la gestión de Rosana Bertone, la obra del Corredor Costero pretendía ser una ruta de 132 kilómetros que bordearía el Canal Beagle, uniendo Ushuaia con Cabo San Pío. Su propósito declarado era impulsar el desarrollo productivo de Puerto Almanza, potenciar el turismo y conectar diversos parajes del sur fueguino. La inversión inicial se estimó en $1.720 millones, con un plazo de ejecución de 24 meses.

El proyecto se dividió en tres tramos: de Playa Larga a Almanza, de Almanza a Moat, y de Moat a Cabo San Pío. A pesar de los cuestionamientos de organizaciones ambientalistas y científicas por posibles impactos ecológicos y arqueológicos, la construcción de los primeros segmentos comenzó en enero de 2019, con el aval de la Secretaría de Ambiente, Desarrollo Sostenible y Cambio Climático.

Sin embargo, con el cambio de gobierno en 2020, la gestión de Gustavo Melella paralizó los trabajos para revisar la traza vial. Esta revisión se extendió por años sin definiciones concretas. Recién en octubre de 2023, la Provincia decidió rescindir los contratos de los tramos II y III por "razones de oportunidad, mérito y conveniencia", aunque sin atribuir culpa a la empresa, reconociendo además gastos improductivos por más de $1.000 millones.

La falta de respuestas llevó a la contratista a buscar amparo en la Justicia. En mayo de este año, el Superior Tribunal de Justicia (STJ) hizo lugar a un amparo por mora presentado por Gancedo, ordenando al Ejecutivo expedirse sobre la continuidad de los contratos, la liquidación de certificados de redeterminación y una posible compensación por daños.

Finalmente, el Tribunal de Cuentas intervino y, en junio, emitió un informe técnico crucial. Este dictamen recomendó la rescisión definitiva del contrato, la elaboración de un acta de recepción final y la postergación de la liquidación hasta que se cumplieran observaciones técnicas y ambientales pendientes. En base a este informe, el Gobierno provincial ha dado por terminada oficialmente la obra.

Con esta decisión, concluye formalmente uno de los proyectos de infraestructura más controvertidos de Tierra del Fuego. El costo final para el erario público de esta obra inconclusa, que lleva siete años en la agenda, solo se conocerá cuando se apruebe el informe de impacto ambiental que determine la existencia o no de pasivos ambientales y se regularicen todas las observaciones pendientes del Tribunal de Cuentas. Una historia de ambición y paralización que deja muchas preguntas abiertas sobre la planificación y ejecución de la obra pública en la provincia.