USHUAIA.- Un hecho de extrema gravedad sacude nuevamente al Poder Judicial de la provincia, sumando un nuevo capítulo de incertidumbre y desconfianza en la investigación que involucra al camarista penal Andrés Leonelli. Las pruebas decisivas en la causa por presunta tenencia de material de explotación infantil —dos CDs con imágenes de un caso de grooming de 2016— se evaporaron en un trayecto interno dentro del edificio judicial de Ushuaia, dejando al descubierto una posible ruptura de la cadena de custodia y abriendo un manto de sospecha sobre la cúpula.

El misterio se profundizó con la revelación de un memorando interno del 18 de julio, el cual certifica que el sobre que contenía los discos llegó "sellado y en perfecto estado" a la mesa de entradas de Ushuaia. Sin embargo, minutos después, en el corto recorrido hacia el Juzgado de Instrucción Nº 1, los CDs simplemente se esfumaron. La documentación detalla que el sobre original partió desde Río Grande el 2 de julio, y un segundo envío complementario se despachó dos semanas después. La agente Nazareno Caballero registró la recepción intacta en Gestión Documental de Ushuaia a las 10:30 del 18 de julio y entregó el paquete a un empleado administrativo. A partir de ahí, el rastro de las pruebas se perdió.

Este memorando es crucial, ya que derrumba cualquier versión de un extravío externo y apunta directamente a una falla interna en la cadena de custodia, más precisamente la que daba cuenta que esta pérdida había ocurrido en el trayecto Río Grande-Ushuaia. Para agravar la situación, no existe un acta de entrega detallada de los CDs y las cámaras de seguridad internas, claves para esclarecer lo ocurrido, no han sido puestas a consulta pública.

La situación se vuelve aún más compleja al observar la inacción de la presidente del Superior Tribunal de Justicia, María del Carmen Battaini. Hasta la fecha, la magistrada no ha iniciado sumarios ni ha señalado responsables por esta alarmante desaparición de pruebas. Este mutismo ha sido interpretado por diversos sectores como un posible encubrimiento dentro de la propia Justicia fueguina, una acusación que refuerza el descrédito público en un momento delicado para la institución.

Además, los registros inmobiliarios han revelado inversiones compartidas entre el juez Leonelli y el camarista Alejandro Fernández, quien previamente había anulado el peritaje de un celular del juez investigado, lo que añade otra capa de inquietud a este entramado.

Privada del material probatorio original, la fiscalía ahora depende de copias parciales o de la realización de nuevos peritajes, lo que sin duda debilita la acusación. La presión pública no para de crecer: la inexplicable pérdida de pruebas sensibles y la falta de respuesta del máximo tribunal han copado las portadas de medios nacionales, empujando a la Justicia fueguina a su momento de mayor cuestionamiento. Hasta que la jueza Battaini ofrezca una explicación clara y convincente sobre qué ocurrió con esos CDs entre la mesa de entradas y el juzgado, las sospechas de protección corporativa seguirán pesando sobre la institución.