Por: Ramón Taborda Strusiat

Buenos Aires.- La actualización del ICL y el IDC acumula varios trimestres pendientes, lo que llevaría a un aumento significativo de la carga impositiva sobre las naftas y el gasoil. Sin embargo, el Gobierno podría volver a intervenir con un decreto para atenuar el impacto en los precios al surtidor.

Se trata del Impuesto sobre los Combustibles Líquidos y del Impuesto al Dióxido de Carbono, ambos establecidos por ley pero cuya aplicación fue regulada en los últimos años de manera discrecional por el Poder Ejecutivo.

Según estimaciones del exdirector de Refinación y Comercialización de la Secretaría de Energía, Ignacio Barousse, la carga tributaria sobre las naftas (ICL + IDC) debería subir de los actuales $260 por litro a $479 por litro, mientras que en el caso del gasoil, el salto sería de $192 por litro a $309 por litro. Esta suba responde a la necesidad de aplicar las actualizaciones correspondientes a cinco trimestres consecutivos —parcialmente el primer trimestre de 2024 y totalmente hasta el primero de 2025— que no fueron implementadas en tiempo y forma conforme al ajuste del IPC.

Sin embargo, todo indica que el Poder Ejecutivo podría intervenir nuevamente mediante un decreto para postergar o moderar este ajuste. En lo que va del año, el Gobierno optó por aplicar los incrementos impositivos de manera parcial y escalonada, buscando evitar un impacto directo sobre la inflación. Esa misma lógica podría repetirse en esta oportunidad, especialmente si el contexto económico y político no permite convalidar una suba de esta magnitud en los surtidores.

Desde el 1° de junio de 2020, y pese a lo establecido por la ley, los valores del ICL y del IDC no se actualizan automáticamente por IPC. En su lugar, el Ejecutivo modificó su aplicación a través de decretos sucesivos, desnaturalizando el esquema original que anticipaba un mecanismo previsible y periódico de ajuste. Esta práctica, que se consolidó como una herramienta de política económica y que tiene un costo fiscal equivalente al 0.4 por ciento del PBI, genera incertidumbre tanto para los consumidores como para los actores del mercado.

Si el Gobierno decidiera aplicar todo el ajuste pendiente de una sola vez, el aumento final en el precio del litro de nafta superaría los $193 solo en concepto de impuestos internos y considerando que el componente de bioetanol se encuentra exento. Tal escenario pondría en tensión la estructura de precios vigente y podría generar un efecto en cascada sobre la logística, el transporte y el costo de vida en general.

En cambio, si se opta por un incremento parcial o escalonado, el impacto sería más gradual, aunque no dejaría de alimentar la presión inflacionaria. Las Estaciones de Servicio, por su parte, advierten que este tipo de decisiones genera distorsiones en la cadena de comercialización y afecta la previsibilidad del negocio.