RIO GRANDE.- En un nuevo capítulo del escándalo que envuelve al juez Andrés Leonelli. El Consejo de la Magistratura puso el foco en las irregularidades procesales de la investigación. El pasado 30 de julio, en una sesión celebrada en Río Grande, el Consejo decidió por unanimidad exigir explicaciones a la jueza de Instrucción N.º 2, María Cristina Barrionuevo, y al fiscal Fernando Ballester Bidau, por no haber notificado la apertura de la causa, tal como lo exige la Ley Provincial 525.

La omisión es un paso grave, ya que el procedimiento legal establece que la investigación contra un magistrado debe ser comunicada al Consejo de la Magistratura. Si se confirma la falta, ambos funcionarios podrían enfrentar sanciones disciplinarias.

Cabe recordar que en el inicio de la causa, el juez Leonelli fue allanado a fines de junio por presunta tenencia de material de explotación sexual infantil, tras una alerta de un organismo internacional. En el operativo, se secuestraron dispositivos electrónicos, pero el caso se complicó aún más cuando se reveló una posible pérdida de pruebas. Dos CDs que contenían imágenes de un caso de grooming de 2016 se "evaporaron" durante un trayecto interno dentro del edificio judicial de Ushuaia.

Un memorando interno del 18 de julio confirmó que el sobre que contenía las pruebas llegó en perfectas condiciones a la mesa de entradas de Ushuaia, pero su rastro se perdió en el breve recorrido hacia el Juzgado de Instrucción. Este hecho descarta la posibilidad de un extravío externo y apunta a una grave ruptura en la cadena de custodia dentro de la propia institución. Para agravar la situación, no se ha hecho público un acta de entrega detallada de los CDs, ni se ha consultado el registro de las cámaras de seguridad internas, elementos que podrían ser clave para esclarecer lo ocurrido.