La Secretaria de Coordinación Legal de la Provincia, Dra. Mariángeles Arroyo, se refirió al fallo del Superior Tribunal de Justicia que desestimó los cuestionamientos planteados contra la reforma constitucional impulsada por el Gobierno de Gustavo Melella. En declaraciones a FM Espectáculo, sostuvo que el Ejecutivo está “muy conforme” con la resolución judicial y que comienza una nueva etapa rumbo a la elección de convencionales constituyentes.

“Estamos muy conformes porque el fallo adhiere a la postura que la provincia presentó dentro de la causa”, expresó Arroyo.

Según la funcionaria, la sentencia ratifica que la Ley 1529 fue sancionada cumpliendo con todos los mandatos establecidos por la Constitución fueguina:

“Cumple con los preceptos constitucionales en todos los mandatos que la Constitución Provincial dispone, tanto en la mayoría agravada para su sanción como en la determinación del lugar y la previsión presupuestaria”.

 “Sanja cualquier duda sobre la validez de la ley”

Arroyo también remarcó que el fallo despeja cualquier cuestionamiento respecto del Decreto 1656/24, al señalar que ya había sido declarado válido por la justicia:

“Esto ya estaba resuelto sobre la validez del decreto, por lo cual sanja cualquier duda sobre la validez de la ley”.

⚖ “No estamos de acuerdo con la judicialización de la política”

Consultada sobre las reflexiones del STJ en torno a la judicialización de la política, la Secretaria legal del Gobierno fue tajante:

“Hemos afirmado en varios medios que no estamos de acuerdo con la judicialización de la política, sobre todo de la actividad legislativa y del Ejecutivo. Los tres poderes son pilares de nuestro sistema republicano, y reforzar su independencia es esencial para la democracia”.

🏛 Recurso ante la Corte Suprema: “No prosperaría”

Sobre la posibilidad de que los actores —el legislador Jorge Lechman y el exconcejal Paulino Rossi— apelen ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Arroyo expresó cautela institucional, aunque se mostró confiada en que no tendrá efectos suspensivos:

“Entendemos que no hay elementos como para llegar a la Corte, pero también entendemos que las partes tienen derecho a intentarlo. No existe la posibilidad de una suspensión nuevamente de los plazos o de la convocatoria a elecciones. Técnicamente, no prosperaría”.

Comienza el proceso electoral

Arroyo confirmó que, con este fallo, se reanuda el procedimiento institucional para convocar a los fueguinos a las urnas.

“Ahora lo único que resta es que el Gobierno avance con la firma del decreto de convocatoria. El Tribunal fijó un plazo de 210 días para la emisión del acto administrativo correspondiente”.

Una vez emitido el decreto, intervendrá el Juzgado Electoral para organizar la elección y emitir el nuevo cronograma, tal como ocurrió antes de la judicialización.