El abogado Jorge Pintos, patrocinante de la familia Tardón, denunció públicamente una serie de adjudicaciones irregulares de tierras fiscales en la ciudad de Tolhuin que involucran a empresarios, funcionarios municipales y hasta integrantes del Poder Judicial.

Según detalló en Radio Provincia, la causa se inició en 2021 tras una denuncia presentada durante la pandemia por Ubaldo Tardón, quien asegura que su familia posee esas tierras desde 1953. Las mismas están ubicadas entre la hostería Kaikén y la Laguna del Indio, y su posesión había sido reconocida por un dictamen de Legal y Técnica del Gobierno provincial. No obstante, el Municipio de Tolhuin desconoció los antecedentes y adjudicó los terrenos a terceros.

“El municipio entregó 7 hectáreas a un empresario, otras 7 a su esposa o socia y 7 más a una empresa de ambos. En total, 21 hectáreas justificadas apenas con un plano de una cabaña de 60 metros cuadrados”, denunció Pintos. Todas las parcelas se encuentran en zonas estratégicas sobre la costa del lago Fagnano y a ambos lados de la Ruta Nacional N.º 3.

El letrado afirmó que existen casos similares, como el del proyecto “EcoPueblo”, que fue adjudicado con fines turísticos y terminó convertido en un negocio inmobiliario con más de cien lotes vendidos. “También detectamos otras siete hectáreas frente a EcoPueblo, adjudicadas a la misma persona”, agregó.

El abogado advirtió que “hay funcionarios que están construyendo casas de fin de semana en la zona” y que la causa penal “estuvo dos años y medio paralizada”. A raíz de la inacción, iniciaron un proceso civil que resultó favorable para la familia Tardón: la justicia dictó una sentencia firme que prohíbe al Municipio de Tolhuin autorizar construcciones o nuevas adjudicaciones en ese sector.

Pese al fallo judicial, Pintos asegura que se siguen otorgando terrenos. “La Municipalidad fue intimada en febrero y junio de este año a entregar los legajos de adjudicación, pero no lo hizo. Por eso el juez ordenó una presentación policial bajo apercibimiento de allanar los archivos municipales”, explicó.

Entre los beneficiarios identificados, Pintos mencionó a empresas como Transportes Graca, Kercesco, el grupo G7 y al empresario Gustavo Sander, quienes también habrían estado vinculados al desarrollo de EcoPueblo.

“Estas maniobras implican, al menos, abuso de autoridad, violación de deberes de funcionario público y defraudación al Estado. Si hay funcionarios involucrados, esos delitos no prescriben mientras estén en funciones”, sostuvo.

Consultado sobre otros nombres, el abogado señaló: “Sabemos que hay personas de alto poder, incluso del Poder Judicial, pero necesitamos los documentos para confirmarlo. Si no los entregan, pediremos el allanamiento”.

Finalmente, recordó que en 2019 ya se habían denunciado 11 casos similares de corrupción en Tolhuin, pero la mayoría fueron desestimados. “Esta vez vamos a llegar hasta las últimas consecuencias. Si las adjudicaciones fueron hechas con fines espurios, deben ser declaradas nulas”, concluyó.