

La votación resultó contundente: 158 votos afirmativos, 75 en contra y 5 abstenciones. El proyecto ahora deberá pasar al Senado, pero ya dejó en evidencia un nuevo quiebre entre el Gobierno y un amplio sector del Congreso.
Desde el oficialismo, los votos negativos fueron motivados por la preocupación de que esta nueva asignación presupuestaria comprometa el equilibrio fiscal que el gobierno libertario pregona como prioridad absoluta.
Sin embargo, la presión social en defensa de la universidad pública —intensificada tras la masiva marcha federal universitaria de abril— y el consenso entre bloques opositores logró empujar una medida que intenta revertir el ajuste sufrido por las casas de estudio en lo que va del 2024.
El proyecto aprobado plantea que el financiamiento universitario no pueda ser inferior al 1% del Producto Bruto Interno. Además, establece mecanismos de actualización automática que permitan a las universidades contar con fondos previsibles y ajustados a la inflación.
Desde el CIN explicaron que esta medida busca garantizar el normal funcionamiento de las universidades públicas, que atraviesan una grave crisis presupuestaria y denuncian una parálisis en su capacidad de planificación.
La votación fue celebrada por rectores, docentes y estudiantes como un triunfo de la presión social y la política pública en defensa de la educación superior.
Desde el oficialismo, sin embargo, advirtieron que esta medida es “inviable” en el contexto fiscal actual. Incluso algunos diputados libertarios llegaron a calificarla como “demagógica”.
Con esta ley, la oposición volvió a instalar en la agenda parlamentaria un tema que golpea fuerte en la opinión pública: el acceso igualitario a la educación superior y la necesidad de sostener la universidad pública como política de Estado.
A la espera del debate en el Senado, la tensión entre el Ejecutivo y el Congreso sigue escalando, y el "déficit cero" de Milei comienza a mostrar sus primeras grietas.