"A las personas con discapacidad se les va la vida y a las familias se nos va la vida en esto", sentenció por Radio Provincia María José Pazos, madre de un joven con discapacidad, mientras relata cómo las obras sociales incumplen pagos a prestadores médicos y recortan coberturas esenciales como pañales, terapias o alimentación especial.

La crisis se agrava con la falta de profesionales: en Ushuaia no hay psiquiatras infantojuveniles, y las terapias de rehabilitación se suspendieron para muchas personas. "Nos están quitando derechos adquiridos. ¿Quién puede vivir con $300.000 mensuales de una pensión nacional cuando ni siquiera alcanza para la comida?", cuestionó Pazos. El colmo fue la asignación de un espacio en Tolhuin para rehabilitación: "¡Es la antigua morgue del centro de salud! Violan todas las normas de bioseguridad y dignidad", señaló en declaraciones al medio mencionado.

"Es indigno. Nos sentimos absolutamente presos de este sistema", describió María José, al detallar cómo las familias renuevan trámites cada seis meses. Juegan al hartazgo "para que la gente se canse y deje de reclamar". La angustia incluye el temor al futuro: "Si a los padres nos pasa algo, no hay Estado que contenga a nuestros hijos. No queremos que terminen abandonados en una 'casita del horror'", expresó.

Con profesionales migrando por malos pagos y obras sociales devolviendo menos del 40% de los gastos en terapias, el mensaje es claro: "No vamos a bajar los brazos. Merecemos dignidad", advirtió la mamá.

La convocatoria es para este lunes 11 de agosto a las 15:00 en San Martín 1531 (Bloques de la Legislatura Provincial). "Pedimos a todos los vecinos que nos acompañen. Si abandonamos a los más desprotegidos de la sociedad, somos cómplices del modelo de crueldad que plantea el gobierno nacional", indicó Pazos.

También mencionó que la movilización busca visibilizar lo que llaman "la minoría más vulnerada": "No es un privilegio vivir con una pensión que no alcanza. Es luchar todos los días contra un sistema que nos complica la vida".