La protesta se hizo visible en la entrada del puerto, donde empleados portuarios desplegaron pancartas contra el Ejecutivo y reclamaron por la defensa de los fondos que, por ley, deberían destinarse exclusivamente a la actividad portuaria. La medida del Gobierno, avalada por la propia presidencia de la DPP, se enmarca en la reciente Ley de Fortalecimiento de la OSEF, que habilita el uso de estos recursos para financiar la obra social estatal, actualmente en crisis.

Los trabajadores advierten que esta decisión no sólo viola la autonomía económica de la Dirección Provincial de Puertos, sino que también implica una desinversión directa en infraestructura y servicios esenciales para el turismo. “El puerto es la puerta de entrada a Ushuaia para miles de visitantes cada año. Sacarle fondos es hipotecar nuestro futuro y frenar el crecimiento de la ciudad”, remarcaron.

El malestar se agrava en un contexto en el que el turismo fueguino viene reclamando mayor inversión en promoción, mejoras logísticas y ampliación de la infraestructura portuaria para recibir más cruceros. En lugar de fortalecer el principal motor económico de la ciudad, el Gobierno opta por desviar sus recursos para tapar el déficit de una mala administración que acumula deudas y compromete servicios básicos.

Para los portuarios, este es un síntoma de un problema más profundo: la utilización discrecional de fondos públicos para resolver emergencias financieras a corto plazo, sin un plan de gestión sustentable ni una estrategia de desarrollo provincial. El reclamo central es claro: frenar la transferencia de recursos y garantizar que el dinero del puerto se invierta en el puerto.

Hasta el momento, el Gobierno provincial no ha emitido un comunicado oficial que responda a la protesta, mientras crece la tensión en uno de los sectores estratégicos para la economía de Ushuaia y de toda Tierra del Fuego.