El abogado querellante Francisco Ibarra volvió a exponer la parálisis judicial en el caso de Agustina Varela, la niña de tres años asesinada el 5 de agosto de 2006. Aunque Lucas Gómez, padrastro de la víctima, fue condenado en 2017 a 15 años de prisión, la pena nunca se ejecutó y el acusado continúa en libertad.

En diálogo con FM Provincia, Ibarra recordó que el expediente tuvo un extenso derrotero judicial: dos juicios orales en los que Gómez fue absuelto —primero por supuestas dudas en la data de la muerte y luego por “contradicciones menores” en testimonios de menores—, hasta que en 2017 el Superior Tribunal de Justicia revocó la última absolución, lo declaró culpable y ordenó que el tribunal de origen imponga la pena.

En junio de ese mismo año, se fijó la condena a 15 años de prisión. Sin embargo, la defensa presentó un recurso de casación que aún no fue resuelto. “El expediente está en condiciones de sentencia desde 2020 y listo para dictamen desde 2022. Lo increíble es que seguimos esperando”, señaló Ibarra.

El abogado explicó que la causa se detuvo porque los cinco jueces del Superior Tribunal ya intervinieron, por lo que es necesario conformar un nuevo tribunal mediante la ley de subrogancia. “Ni siquiera está integrado todavía, y mientras tanto Gómez no tiene ninguna restricción. Podría irse del país”, advirtió.

Para Ibarra, la demora vulnera tanto el derecho de la víctima como el del imputado a una resolución definitiva. “La justicia que es lenta no es justicia. Este caso muestra un déficit estructural en el Poder Judicial de Tierra del Fuego, donde crímenes graves permanecen impunes por décadas”, concluyó.