La jugada más reciente fue citar, casi de apuro, a una comisión conjunta entre la 1 y la 3 exclusivamente para tratar este asunto, como si en la provincia no hubiera urgencias mucho más inmediatas que atender. La imagen es clara: acelerar el debate para evitar que la resistencia social y ambiental tenga tiempo de organizarse.

Pero lo más llamativo no es la estrategia legislativa, sino la repentina coincidencia política. El oficialismo, representado por Federico Greve; el Partido Justicialista, con Miriam Martínez; y La Libertad Avanza, con Agustín Coto, parecen haber dejado de lado sus diferencias ideológicas y sus inminentes batallas electorales de octubre para unir fuerzas en torno a un mismo objetivo: que el proyecto salga “sí o sí”.

El problema no es solo la contradicción de ver a opositores y oficialistas marchar al mismo ritmo, sino la pregunta inevitable: ¿quién gana realmente si se abren las puertas a las salmoneras? La experiencia en otros países y en la propia región no deja dudas: impactos irreversibles en los ecosistemas marinos, riesgos para la pesca artesanal, y un turismo que podría perder uno de sus mayores atractivos, la pureza del Canal Beagle y sus costas.

Mientras comunidades originarias, ambientalistas y científicos recuerdan que la prohibición de 2021 convirtió a Tierra del Fuego en un ejemplo mundial de defensa ambiental, en los despachos legislativos se huele otra cosa: el perfume del negocio. Y cuando ese aroma empieza a ser más fuerte que el de la brisa marina, es señal de que algo anda mal.

Porque, al final, parece que la verdadera corriente que mueve a estos legisladores no es la ideología ni el mandato popular, sino una marea mucho más poderosa: la del dinero de las salmoneras.

ALGUNOS DESTACADOS
-Prohibición vigente desde 2021: Tierra del Fuego tiene una ley que impide la instalación de salmoneras por su alto impacto ambiental.

-Presión empresarial creciente: compañías vinculadas al negocio del salmón intensificaron el lobby en las últimas semanas.

-Maniobra legislativa: se citó a una comisión conjunta entre la 1 y la 3 exclusivamente para tratar este tema, dejando de lado otras urgencias provinciales.

-Coincidencia política inusual: oficialismo (Federico Greve), Partido Justicialista (Miriam Martínez) y La Libertad Avanza (Agustín Coto) coinciden en que el proyecto debe avanzar.

-Intereses compartidos: actores políticos que se enfrentarán en las elecciones de octubre hoy impulsan juntos la apertura a la actividad salmonera.

-Riesgo ambiental: especialistas y ambientalistas alertan sobre impactos irreversibles en el ecosistema marino y el turismo.

-Resistencia social: comunidades, ONG y científicos recuerdan que la prohibición fue un hito en la defensa ambiental.

-Renuncia clave: Laura Colazo dimitió a la presidencia de la Comisión 3 en medio de la polémica, marcando distancia del avance del proyecto.