USHUAIA.- El puerto de esta ciudad entró en una situación de extrema tensión tras la sanción de una ley provincial que generó un fuerte rechazo en el sector portuario. La normativa, aprobada por la Legislatura fueguina, dispone utilizar el superávit de la Dirección Provincial de Puertos (DPP) de los ejercicios 2024 y 2025 para financiar una parte de la abultada deuda que mantiene la Obra Social del Estado Fueguino (Osef). Esta decisión ha sido calificada por los trabajadores como un "desfinanciamiento" que compromete la infraestructura y la competitividad del puerto.

En una entrevista brindada a Radio Provincia, el representante de los trabajadores, Adrián Bleuer, advirtió que la medida es un duro golpe para la actividad, ya que priva al puerto de los recursos necesarios para encarar obras de mantenimiento y modernización. "Si no se hacen obras y se pierden los fondos de dos años, las empresas van a optar por puertos más competitivos", señaló, poniendo en duda la capacidad de la capital fueguina para sostener su rol como principal plaza de cruceros antárticos en el mediano plazo, especialmente para la temporada 2025/2026.

El riesgo de perder competitividad

Bleuer explicó que el puerto ya venía arrastrando demoras en obras importantes, como una repavimentación en un sector muy utilizado, debido a la corta "ventana" de tiempo disponible para trabajos de infraestructura. Las condiciones climáticas de la región solo permiten realizar reparaciones durante el período estival, y la temporada de cruceros se inicia en septiembre, lo que reduce drásticamente las posibilidades de avanzar con proyectos. Sin los fondos del superávit, las obras previstas, como la construcción de nuevos muelles para catamaranes y la plazoleta de contenedores en Río Grande, quedan en el limbo. El dirigente sindical fue enfático al decir que "tres años sin avances significa perder competitividad y trabajo".

Una decisión política "apresurada"

El representante portuario criticó a la clase política por tomar una decisión que considera "apresurada", sin tener en cuenta la importancia estratégica de la actividad marítima para la provincia. "No es que nuestros fondos alcanzan para solucionar el tema Osef. No, no les alcanzan", afirmó Bleuer, minimizando el impacto de la transferencia para la obra social, pero destacando el potencial daño para el puerto. La principal preocupación de los trabajadores es que este movimiento siente un antecedente peligroso. "Si hoy quitan los recursos para obras y los destinan a este fin, ¿qué garantiza que no pase lo mismo en los próximos años?", se preguntó.

Cuestionamientos legales y futuro incierto

El conflicto no se limita al ámbito económico. Bleuer puso en duda la legalidad de la medida, señalando que podría estar violando una normativa nacional que exige que los recursos de los puertos sean invertidos en la propia actividad portuaria. "Nosotros no somos una financiera", expresó, enfatizando que la función de la DPP es invertir en infraestructura y servicios, no prestar dinero, como ya sucedió con un reciente préstamo de 4.000 millones de pesos que la DPP otorgó al gobierno provincial. Ante esta situación, los trabajadores han presentado una solicitud de veto al gobernador y a los legisladores, pero hasta el momento no han recibido una respuesta formal.

A pesar de la falta de diálogo, Bleuer dejó claro que continuarán con las medidas de protesta. Existe el temor, según algunos oyentes de la entrevista, de que este desfinanciamiento sea una estrategia para "transformar el puerto en un consorcio público-privado" a futuro. Aunque Bleuer se mostró renuente a creerlo, admitió que "si no vamos a poder hacer los servicios que nos corresponden, alguien va a tratar de hacerlo", lo que abre la puerta a la posibilidad de que un privado se haga cargo de la gestión. Por ahora, los trabajadores esperan una reunión y una solución que revierta lo que consideran un grave error político.