En una nota con FM Espectáculo, la ministra de Bienestar Ciudadano y Justicia, Adriana Chaperón, aclaró que la política provincial en materia de discapacidad “no está orientada a recortar derechos”, sino a garantizar que las pensiones y prestaciones lleguen a quienes cumplen con los requisitos establecidos en la Ley 389.
Actualmente, la provincia registra 2.087 pensiones vigentes, de las cuales 2.006 corresponden a discapacidad y 71 a vejez. El beneficio, que ronda los $500.000 mensuales, se actualiza en base al básico de la categoría 10 del escalafón estatal.

Según explicó, la revisión anual permite detectar irregularidades como beneficiarios que residen fuera de la provincia sin autorización, titulares con doble cobertura de obra social, personas que no alcanzan el 66% de incapacidad laboral al cumplir 18 años, ingresos elevados o empleo formal. “Las pensiones que se dan de baja son las que no corresponden”, enfatizó.

Chaperón subrayó que la gestión busca insertar laboralmente a personas con discapacidad que cuenten con capacidades remanentes. Para ello, se impulsan capacitaciones, beneficios fiscales a empresas a través de la Agencia de Recaudación Fueguina (AREF) e incentivos para la contratación en el sector privado.

En el área sanitaria, la funcionaria anunció la implementación de médicos de cabecera en el sistema público para mejorar el seguimiento, evitar prescripciones duplicadas y optimizar prestaciones. Detalló que el 70% de las pensiones por discapacidad corresponden a menores y que, dentro de ese grupo, el 50% son diagnósticos de trastorno del espectro autista (TEA). Esto llevó a definir un nomenclador específico junto al Ministerio de Salud para la evaluación de casos pediátricos.

Durante 2025, el Ministerio ya destinó $2.600 millones a la cobertura de prestaciones para personas con discapacidad, de las cuales unas 900 utilizan la obra social provincial OSEF. Chaperón señaló que se están revisando casos de doble cobertura, ya que “la ley establece que deben ser personas que no tengan obra social obligatoria por sus padres o cónyuges”.

Respecto a OSEF, recordó que el Ministerio mantiene una deuda histórica de más de $2.000 millones desde 2009. Indicó que se concluyó el pago de prestaciones 2024 y se inició el de 2025, aunque advirtió que el proceso “es complejo y requiere la aprobación de la Auditoría de Gobierno”.

La ministra también alertó sobre un crecimiento de personas en situación de calle, muchas con problemas de consumo o que llegan desde otras provincias sin vivienda ni empleo. “No podemos quedarnos con todas las personas que han decidido venir a Tierra del Fuego y que no tienen trabajo ni lugar donde vivir”, advirtió. En estos casos, se brinda asistencia de urgencia y, cuando es posible, se facilita el regreso a su lugar de origen, aunque un pasaje al norte puede superar el millón de pesos.

En cuanto a los adultos mayores, indicó que el Estado provincial cubre el alojamiento y prestaciones, incluso aquellas que deberían ser asumidas por obras sociales nacionales como PAMI. “Estamos tratando de que los familiares se hagan cargo también de esta situación que legalmente les corresponde”, subrayó.

Chaperón reconoció que el sistema de salud enfrenta las mismas limitaciones que el resto del país, con escasez de profesionales y un presupuesto finito. “Seguramente tenemos muchas cosas para mejorar, pero hacemos el mayor de los esfuerzos y podemos dar cuenta de cada una de las situaciones que planteamos. No hay ninguna arbitrariedad”, concluyó.