En comunicación con FM Provincia, el ingeniero Sergio Raymundo sumó su voz al debate generado por la reciente designación de Gabriela Castillo como representante del Ejecutivo fueguino en la empresa estatal Terra Ignis, cargo que se suma a su doble función como ministra de Obras Públicas y de Energía.

Raymundo citó un antecedente histórico para fundamentar su crítica: un dictamen de 1994 firmado por el entonces fiscal de Estado Virgilio Martínez Sucre, que advertía sobre la incompatibilidad de acumular cargos estratégicos. “La incompatibilidad aparece fundada en una razón de carácter práctico: lograr la mayor eficiencia en la prestación de los servicios, evitando que la gente divida su actividad en dos o más empleos”, señalaba aquel documento, recordado por el ingeniero.

Para Raymundo, el problema no es la capacidad técnica de la funcionaria, sino el tiempo que puede dedicar a cada área. “No se trata de si es capaz o no, sino del tiempo que le puedo dedicar a la obra pública, a la energía, a Terra Ignis… de eso se trata”, subrayó. Y añadió que la subrogancia de funciones puede ser aceptable de forma temporal, pero no como práctica permanente: “Acá lo estamos haciendo en forma permanente. O no hay funcionarios, o no se confía en los que hay”.

Fondos energéticos bajo la lupa

El ingeniero también cuestionó el manejo de los fondos nacionales destinados al desarrollo eléctrico, como el Fondo Especial de Desarrollo Eléctrico del Interior (FEDEI) —creado por la Ley 15.326 en los años ‘60— y el Fondo de Compensación de Tarifas establecido por la Ley 24.065.

Según denunció, esos recursos, que históricamente administraba la Dirección Provincial de Energía (DPE) para obras prioritarias en generación, distribución e infraestructura eléctrica, hoy son derivados a una cuenta especial bajo control del Ministerio de Economía provincial. “Desde 2019, la mayoría de las obras financiadas con esos fondos se hicieron en Tolhuin y Río Grande. No digo que no sean necesarias, pero entre iluminar la Ruta 3 y hacer el mantenimiento de las turbinas, yo hubiera priorizado las turbinas, que llevan seis años aprobadas y aún no se terminaron”, señaló.

Raymundo aclaró que la legislación permite destinar una parte de esos fondos a iluminación, pero la prioridad debería ser el fortalecimiento del sistema energético: “No pueden usarse para cualquier obra que no tenga un fin social directo en materia energética”.

Una advertencia en medio de la crisis

Las declaraciones de Raymundo se suman a las críticas que viene recibiendo la gestión de Gabriela Castillo por la falta de avances visibles en obras públicas y la persistente crisis energética en la provincia. La decisión de sumar a la ministra a un tercer frente estratégico —en un contexto de cortes de luz, demoras en proyectos y cuestionamientos por la administración de fondos— reaviva el debate sobre la concentración de poder y la eficiencia en la gestión estatal.