La controversia por la reforma de la Constitución de Tierra del Fuego sumó un nuevo capítulo y ahora se resolverá en la máxima instancia judicial del país. El legislador Jorge Andrés Lechman formalizó la presentación de un Recurso Extraordinario Federal para impugnar la decisión del Superior Tribunal de Justicia (STJ), que a comienzos de agosto desestimó su pedido de caducidad de la Ley 1529 y prorrogó en 210 días el plazo para convocar a elecciones de convencionales constituyentes.

En su planteo, Lechman sostiene que el fallo del STJ “convalida actos contrarios a la Constitución Nacional” y quiebra la división de poderes al otorgar un plazo que la propia norma nunca contempló. Considera que no se trata únicamente de un debate técnico-jurídico, sino también de una cuestión social y política de fondo: asegura que más del 70% de la población rechaza la reforma y que el proceso implica destinar recursos millonarios en medio de una crisis provincial marcada por aulas vacías, problemas en el sistema de salud y un panorama industrial incierto.

“El discurso de la reforma es un relato desconectado de la realidad. La provincia enfrenta fábricas al borde del cierre y miles de trabajadores temen perder su empleo en diciembre. ¿En qué provincia vive esta gente que habla de reformar la Constitución como si eso resolviera la vida de los fueguinos?”, cuestionó el legislador.

Lechman enfatizó que “la Constitución goza de buena salud” y que su obligación es defenderla. En ese sentido, advirtió que detrás de la iniciativa existe “una agenda política que busca perpetuar espacios de poder antes que dar respuestas a los problemas reales de la población”.

El recurso solicita a la Corte Suprema revocar la sentencia del tribunal fueguino por considerar que configura un caso de gravedad institucional, arbitrariedad y violación de principios federales. Como ocurre en estos casos, la presentación debe ser primero analizada por el propio STJ, que decidirá si lo eleva al máximo tribunal. En caso de rechazo, Lechman anticipó que acudirá directamente mediante una queja para que la Corte defina si la impugnación continúa su curso.

De ser admitido, será la Corte Suprema de Justicia de la Nación la que determine la validez del fallo provincial. Si lo desestima, quedará firme la decisión que avala la extensión de los plazos y habilita la continuidad del proceso reformista por otros siete meses.