USHUAIA.- El Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas de Tierra del Fuego actualizó el Registro de Deudores Alimentarios Morosos (REDAM) al 13 de agosto de 2025, con un total de 104 personas inscriptas que incumplen con el pago de la cuota alimentaria de sus hijos.

De ese total, seis deudores fueron incorporados en lo que va del año tras verificarse la falta de pago de tres cuotas consecutivas o cinco alternadas, según lo establece la Ley Provincial 531.

Se trata de Richard Quispe (29 de mayo), Máximo Medina Rojas (5 de junio), Miguel Alejandro Segurado (17 de junio), Ramón Alejandro González (15 de julio), Héctor Ricardo D’Amico (31 de julio) y Emanuel Ezequiel Godoy (13 de agosto).

La mayoría de quienes integran el registro son varones, aunque también figuran mujeres morosas. Desde 2020, cuando el listado incluía 67 nombres, se sumaron 47 nuevos casos en los últimos cinco años. El crecimiento más significativo se produjo en 2024, cuando se incorporaron 15 deudores, entre ellos Martín Esteban Dub Duval, Diego Alberto Mancini Loiacono, Arturo Carvajal Espinoza y Nicolás Ezequiel Draps, entre otros.

El REDAM se actualiza periódicamente y contempla tanto altas como bajas. En lo que va de 2025, las variaciones han sido mínimas en relación con el padrón difundido en junio.

La Ley Provincial 531 establece la publicidad de este registro como herramienta de transparencia y protección de derechos de niñas, niños y adolescentes. Allí se incluyen todas aquellas personas que adeudan total o parcialmente la cuota alimentaria —provisoria o definitiva— fijada u homologada por sentencia firme.

Sanciones e inhabilidades para los morosos:

No pueden inscribirse como proveedores o contratistas del Estado provincial.

Tienen vedada la apertura de cuentas corrientes, créditos u operaciones financieras en el Banco de Tierra del Fuego.

Se encuentran inhabilitados para inscribirse como postulantes a adopción, debiendo presentar certificado de libre deuda emitido por la Dirección de Minoridad y Familia.

De este modo, el REDAM no solo constituye una herramienta de control, sino también un instrumento de presión legal y social para garantizar que se cumplan los derechos de niñas, niños y adolescentes.

En un contexto donde la morosidad alimentaria se convirtió en un fenómeno creciente, el registro provincial adquiere relevancia como mecanismo de visibilización y sanción para quienes incumplen con sus responsabilidades. Según remarcan desde la administración provincial, la finalidad última no es la estigmatización, sino lograr que cada persona asuma la obligación alimentaria como un deber prioritario e ineludible.