La información fue recuperada tras complejas maniobras técnicas y ahora comienza la etapa de análisis, donde los investigadores intentarán verificar si los audios filtrados —en los que se menciona el pago de sobornos vinculados a laboratorios— son auténticos.

Pero la pesquisa no se detiene ahí. El foco se traslada ahora a los hermanos Jonathan y Emmanuel Kovalivkrer, accionistas de la droguería Suizo Argentina, mencionada en las grabaciones como epicentro de los supuestos pedidos de coimas. Sus teléfonos también serán sometidos a peritajes. El padre de ambos, Eduardo Kovalivkrer, retirado de la actividad profesional pero aún accionista, también está en la mira.

En paralelo, la causa sumó un capítulo inesperado en Nordelta. El jefe de seguridad del barrio privado, Ariel De Vicentis, fue indagado por presunto encubrimiento: se sospecha que habría alertado a uno de los Kovalivkrer antes de un procedimiento. El propio De Vicentis lo negó y aseguró que se encontraba de vacaciones, aunque reconoció que pidió copia de la orden judicial “por responsabilidad profesional”.

Mientras tanto, en los tribunales de Retiro, Jonathan Kovalivkrer se presentó acompañado por su abogado y entregó su celular al fiscal Franco Picardi, aunque —al igual que Spagnuolo— decidió no dar la clave.

La investigación está en plena ebullición y todas las miradas se concentran en el juez Sebastián Casanello, que deberá definir en los próximos días la situación procesal de los involucrados. Lo cierto es que el caso ya se perfila como uno de los escándalos judiciales del año: audios explosivos, peritajes tecnológicos, empresarios farmacéuticos bajo sospecha y la sombra del dinero negro sobre un organismo clave del Estado.