USHUAIA.- El escándalo en la Obra Social del Estado Fueguino (Osef) ha escalado de un problema de gestión a una crisis social y sanitaria que afecta directamente la vida de miles de fueguinos. 
Lo que comenzó con denuncias sobre la droguería Suizo Argentina, con una facturación que pasó de $28 millones a más de $1.900 millones en tres años, palidece al compararlo con el verdadero epicentro del derroche que se centra en la Federación Argentina de Cámaras de Farmacias (Facaf), que concentra un gasto anual estimado en unos $24.000 millones, muy por encima de las estimaciones originales de la obra social. Este exorbitante desembolso, documentado en expedientes y denuncias, no solo ha desbordado el presupuesto de Osef, sino que está teniendo un impacto devastador en la atención médica de los afiliados.
La información oficial, disponible en portales de compras provinciales y en informes del Tribunal de Cuentas, expone un sistema que privilegia las compras directas y los convenios por sobre las licitaciones públicas. Esta modalidad ha permitido que el presupuesto de medicamentos de Osef para el 2024, inicialmente proyectado en unos $9.000 millones, se disparara hasta casi $30.000 millones. 

El aparente desvío de fondos se agrava con las denuncias de sobreprecios extremos. Como ha señalado en reiteradas oportunidades la trabajadora de la propia Osef, Elvia Agüero quien indicó hay casos de tratamientos con incrementos de hasta un 1560% en su costo. Mientras, las autoridades de Osef, en lugar de aprovechar ofertas con descuento importantes, optaron por vías directas con Facaf y Suizo Argentina, con apenas un 35% de descuento en lugar de aprovechar las cuentas directas a laboratorios que hacen entre el 50% y el 98% de descuento.

El verdadero costo de esta mala praxis financiera finalmente lo pagan los afiliados. La falta de liquidez generada por estas operaciones ha provocado un impacto social sin precedentes. Mientras las cifras se disparan en los expedientes, la realidad de los afiliados es la de las farmacias locales que denuncian deudas superiores a los $4.000 millones por parte de Osef. Esto se traduce en un desabastecimiento crónico que obliga a jubilados y pacientes a esperar semanas por insumos básicos. 
En el colmo de la crisis, pacientes con enfermedades de alto riesgo como cáncer y VIH han sido derivados a farmacias privadas por falta de stock, una situación que generó un gasto adicional de $300 millones en apenas diez días.

El despertar del Tribunal de Cuentas
Pese a que el escándalo se hizo público, las instituciones de control actuaron con lentitud. Es un hecho que el Tribunal de Cuentas de la provincia, finalmente, pidió información sobre el caso, pero esta reacción se produjo solo después de que el problema escalara mediáticamente y las denuncias de sobreprecios se multiplicaran. Más aún, las primeras auditorías se enfocaron en el proveedor Suizo Argentina, mientras que el mayor convenio, el de Facaf, no recibió la misma atención inmediata. Este silencio institucional levanta serias sospechas sobre la falta de una acción proactiva en defensa de los afiliados.
En este contexto, la única manera de recuperar la confianza es mediante la transparencia total. El gobierno provincial y la Osef deben publicar un dashboard con las compras de medicamentos, detallando proveedores, precios y descuentos, para permitir la auditoría ciudadana. Además, se necesita una auditoría externa e independiente que aclare por qué se priorizó el convenio con Facaf y si los millonarios montos pagados beneficiaron a los afiliados o a intermediarios. Hasta que no se aclaren estas preguntas, la Osef continuará siendo una obra social en crisis financiera y sus afiliados, víctimas de un esquema que prioriza intereses ajenos al bienestar de la salud pública.