RÍO GRANDE.– La crisis educativa en Tierra del Fuego dio un paso inédito en la Justicia. Un grupo de padres de la Escuela N.º 32 de Río Grande, patrocinados por el abogado Francisco “Paco” Giménez, presentó un recurso de amparo contra el Gobierno provincial para exigir el cumplimiento del derecho constitucional a la educación.

Según el planteo, los alumnos del establecimiento apenas completaron un tercio de las clases previstas para este año, debido a paros, desobligaciones, asambleas docentes, problemas edilicios y de infraestructura.

“Los padres han hecho las cuentas: en lo que va del ciclo escolar 2025 los chicos solo tuvieron alrededor del 30% de los días de clases. De un calendario de 180 días, apenas llegarán a 60. Esto significa pérdida absoluta de contenidos y vulneración del derecho a aprender”, explicó Giménez.

El alcance del amparo

La presentación judicial se dirige contra el Gobierno provincial y no contra los docentes. Giménez aclaró que el recurso no cuestiona el derecho de huelga, sino la obligación estatal de garantizar la continuidad del dictado.

“El amparo contempla que el Ministerio de Educación tome las medidas que son de su competencia constitucional para asegurar el ciclo lectivo. En la Escuela 32, los alumnos apenas tienen dos o tres días de clases por semana, lo que compromete gravemente su futuro”, detalló el abogado.

La acción incluye un pedido de medida cautelar inmediata para que la Justicia ordene la normalización del dictado en el establecimiento.

“Pedimos que la Justicia resuelva inaudita parte, sin esperar la respuesta del Gobierno, porque la situación es gravísima y requiere una solución urgente”, advirtió.

Antecedentes y gravedad de la situación

El letrado recordó que existe un antecedente en la provincia:

“En 2008, durante el gobierno de Fabiana Ríos, presentamos un amparo similar en la Escuela 8. La Justicia intimó a la gobernadora a garantizar las clases bajo apercibimientos y multas. Con ese precedente, este recurso debería prosperar”.

Giménez consideró que los últimos años representan uno de los peores momentos del sistema educativo fueguino:

“Estamos presenciando una tragedia educativa que la provincia lamentará por años si los padres no toman conciencia del abandono de la función primordial del Estado, que es educar a sus ciudadanos”.

Posible réplica en otras escuelas

El abogado señaló que la acción podría extenderse a más establecimientos:

“Otros padres deberán recurrir a sus abogados de confianza. No es fácil organizarse ni enfrentar al aparato del Estado, pero deben saber que existen antecedentes en Tierra del Fuego y en provincias como Santa Cruz. No deben quedarse en la protesta simbólica: la Justicia es el camino para hacer valer el derecho de sus hijos”.

Los próximos pasos

El recurso fue presentado esta semana y se espera que la Justicia se expida en los próximos días.

“Solicitamos una medida cautelar para que el lunes o martes se regularicen las clases en la Escuela 32. Después, el Gobierno deberá informar qué acciones adoptará para garantizar el derecho a la educación”, indicó Giménez.

Finalmente, el abogado remarcó que el reclamo de las familias es claro:

“Los padres no cuestionan a los docentes, sino la inacción del Gobierno. Estamos hablando de algo básico y elemental: el derecho a la educación de los niños”.