La carta abierta está dirigida “al Director del Servicio Penitenciario”, Ariel Ciares, y en su parte central se expresa: “Nos dirigimos a usted con la mayor urgencia para denunciar las condiciones crueles, inhumanas y degradantes en las que se encuentran las personas privadas de libertad bajo su custodia”.

Después, refiriéndose a la situación planteada en el pabellón uno de la Alcaidía Central de Ushuaia, se dice que “La realidad dentro del penal es alarmante: Más de 20 personas duermen en el piso, sobre colchones rotos o directamente sin ellos. Esta situación no solo es indigna, sino que atenta contra la salud física y psicológica de los internos”.

“Los baños están completamente destruidos: cañerías rotas, inodoros y duchas inutilizables, olores nauseabundos y aguas estancadas. Esta falta de infraestructura básica genera un foco permanente de infección y expone a los detenidos a enfermedades evitables”, expresa el escrito que llegó a este medio.

Más adelante, se menciona que “El pabellón carece de productos de higiene y limpieza: no hay lavandina, desinfectantes, jabón, máquinas de afeitar ni papel higiénico. En estas condiciones, la propagación de infecciones y plagas es inevitable”.

Advirtiendo, además que “La situación alimentaria es igualmente grave: Las comidas son insuficientes y escasas, sin el aporte nutricional necesario. No se entregan frutas, verduras, lácteos ni yerba mate, lo cual constituye una dieta carente de nutrientes esenciales y afecta directamente la salud de los internos”.

“A ello se suma la ausencia total del Comité de Derechos Humanos, organismo que debería garantizar que estas violaciones no ocurran. Su inacción deja a las personas privadas de libertad en un estado de absoluta desprotección”, señala el escrito.

En otro tramo, se dice: “Recordamos que, según la Constitución Nacional, la Ley de Ejecución Penal y los Tratados Internacionales de Derechos Humanos, el Estado tiene la obligación indelegable de garantizar condiciones de detención dignas. La privación de libertad nunca puede convertirse en una condena a la degradación, el abandono y la enfermedad”.

“Por lo expuesto, exigimos de manera inmediata: 1- La provisión urgente de medicamentos y atención médica adecuada. 2- La entrega regular de insumos básicos de higiene y productos de limpieza para los pabellones. 3- La mejora inmediata de la calidad y cantidad de la comida, incluyendo frutas, verduras, lácteos y yerba. 4- La reparación urgente de baños e instalaciones sanitarias, garantizando condiciones mínimas de salubridad. 5- La provisión de camas en buen estado y condiciones habitacionales dignas para evitar que seres humanos continúen durmiendo en el suelo. 6- La intervención inmediata y el control efectivo del Comité de Derechos Humanos y de otros organismos independientes”.

En el tramo final, la nota señala: “Señor Director, no se trata de un reclamo más. Cada día que pasa en estas condiciones es un día donde se violan derechos fundamentales, se deteriora la salud y se pone en riesgo la vida de seres humanos bajo la custodia del Estado. Hacemos responsable al Servicio Penitenciario, al Comité de Derechos Humanos y al Estado por las consecuencias de estas gravísimas omisiones. En espera de una respuesta urgente y soluciones concretas, lo saludamos atentamente”. Según se dice, en el pabellón 1 hay lugar para 28 personas privadas de la libertad y viven 63, con solo una ducha y dos 2 inodoros.

Vale mencionar que, desde el Comité de Prevención de la Tortura de la provincia, oportunamente se impulsó un Habeas Corpus por esta situación de hacinamiento, que el Poder Judicial rechazó en general, aunque dictó ciertas indicaciones dirigidas, fundamentalmente, al Poder Ejecutivo de la Provincia. Las mismas no se habrían cumplido, por lo cual la situación no solo se mantiene sino que se agravó.