

En el documento remitido al Ejecutivo, las entidades señalaron que las protestas generan un daño directo a la comunidad al impedir la libre circulación, paralizar la actividad productiva y comercial, y poner en riesgo la continuidad de numerosos puestos de trabajo.
Los representantes del sector privado manifestaron que resulta “inaceptable” que demandas sectoriales prevalezcan sobre el bienestar general, en un contexto donde pequeñas y medianas empresas, comercios e industrias enfrentan enormes dificultades para sostener el empleo, cumplir con el pago de salarios y mantener sus puertas abiertas.
En ese sentido, solicitaron al Gobierno provincial la implementación de medidas inmediatas que garanticen:
La normalidad en la circulación y el orden público.
La protección de la actividad comercial, industrial y de servicios.
La defensa del derecho al trabajo y la estabilidad laboral.
El acceso de los niños a la educación.
Si bien las cámaras empresarias ratificaron su predisposición al diálogo y la búsqueda de consensos, también remarcaron que no están dispuestas a “permanecer como meros espectadores frente a acciones que destruyen empleo, desalientan inversiones y comprometen el futuro económico y social de Tierra del Fuego”.
El pronunciamiento finaliza con un llamado a la responsabilidad política y social para evitar que la actual crisis se profundice y derive en consecuencias aún más graves para el entramado productivo y comunitario de la provincia.